La habilitación de la exploración en Laguna Salada volvió a poner a Chubut en el centro del debate sobre el uranio, en un escenario de creciente demanda global, impulso oficial a la energía nuclear y cuestionamientos por los posibles pasivos ambientales de la actividad.
En un contexto de cambios en el mapa energético mundial, Chubut se posiciona como un territorio estratégico por concentrar cerca de la mitad de las reservas de uranio del país y por el avance de proyectos en distintas etapas. La decisión de habilitar la exploración en Laguna Salada reactivó una discusión que combina expectativas económicas, definiciones políticas y advertencias ambientales.
A fines de 2024, el presidente Javier Milei anunció el Plan Nuclear Argentino, con el objetivo de construir un reactor modular pequeño en el predio de Atucha y desarrollar las reservas nacionales de uranio para abastecer la demanda interna y proyectar al país como exportador. En ese marco, el mandatario sostuvo que “se va a generar en el mundo entero un resurgimiento de la energía nuclear”, Javier Milei, y cuestionó “incontables campañas de desprestigio de algunas fundaciones internacionales” contra “la única fuente eficiente, abundante y rápidamente escalable para hacerle frente al desarrollo de nuestra civilización”, Javier Milei.
La renovada centralidad del uranio se explica por varios factores: el crecimiento de la demanda eléctrica asociada al desarrollo de la inteligencia artificial, la reaparición de la energía nuclear como alternativa libre de carbono y la necesidad geopolítica de diversificar proveedores fuera de Rusia y Kazajistán. Según estimaciones de la Agencia de Energía Nuclear y del Organismo Internacional de Energía Atómica, la demanda mundial del mineral podría crecer un 141,7% hacia 2050 en un escenario de máxima capacidad.
En ese escenario, a principios de marzo Chubut habilitó a la empresa canadiense Jaguar Uranium para avanzar con la exploración del mineral. El permiso abarca la porción “Guanaco” del activo Laguna Salada, considerado uno de los proyectos con mayor potencial del país. Desde la firma indicaron que los fondos estarán destinados a iniciar un programa para “establecer y aumentar los niveles de recursos, con el objetivo de introducir nueva producción de uranio para ayudar a abordar la creciente deficiencia de suministro a nivel global”, Jaguar Uranium.
El potencial minero y la apuesta oficial
Los proyectos mineros avanzan en etapas que van desde la prospección hasta la factibilidad y la construcción. En la Patagonia, la mayoría de las iniciativas todavía se encuentran en fases iniciales: de los 14 proyectos activos, 6 están en prospección, 3 en exploración inicial, 3 en exploración avanzada y 2 en evaluación preliminar. En paralelo, Jaguar Uranium también desarrolla trabajos en Huemul, en Mendoza, la primera mina de uranio del país.
Según la World Nuclear Association, Argentina posee el 0,56% de las reservas mundiales de uranio, y Chubut concentra la mitad de ese total. Aunque el país cuenta con tres centrales nucleares activas, el mineral no se extrae desde la década de 1990 y la materia prima se importa desde hace más de 20 años. Entre 1952 y 1997, Argentina produjo cerca de 26.000 toneladas de diuranato de amonio, conocido como “yellowcake”, destinadas a cubrir la demanda local.
La región central de Chubut alberga algunos de los principales depósitos del país. Entre ellos aparece Cerro Solo, con 4.420 toneladas de uranio; Laguna Salada, con 2.430 toneladas aseguradas y 1.640 inferidas; Laguna Colorada, con 100 toneladas aseguradas; además de Los Adobes y Arroyo Perdido, también incluidos en el mapa de yacimientos. A su vez, la Comisión Nacional de Energía Atómica administra 18 expedientes mineros en el país, de los cuales 8 están en territorio chubutense.
En este marco, el Gobierno provincial inició negociaciones con la Nación para transferir a la Provincia el control de las minas, con el argumento de que los recursos naturales pertenecen a las jurisdicciones provinciales desde la reforma constitucional de 1994. Además, cuestionó la “inactividad” y la “falta de inversiones” de la CNEA durante décadas. La estrategia oficial también contempla la creación de una subsidiaria de YPF para liderar la minería de uranio y desarrollar un polo productivo vinculado al eventual avance de reactores modulares.
La alternativa económica y las advertencias ambientales
El interés oficial por las reservas chubutenses quedó expuesto en noviembre, cuando una misión internacional encabezada por el OIEA visitó la provincia para evaluar infraestructura y recorrer el proyecto de Cerro Solo. Sobre ese proceso, el vicepresidente de la CNEA, Luis Rovere, señaló que la visita “aportará insumos clave para la elaboración de nuevos planes que permitan avanzar hacia el renacimiento de la minería de uranio en el país”, Luis Rovere.
Desde el plano económico, un informe de la Cámara de Industria y Comercio del Este de Chubut planteó que el uranio puede convertirse en una alternativa frente a la crisis del petróleo, la pesca, el turismo y los servicios. El documento afirma que existe “un alto potencial geológico, una necesidad urgente de reactivar la economía provincial y un impulso político nacional y local para avanzar con la explotación de uranio en los próximos años”, informe de CICECH. También sostiene que la actividad podría generar regalías, fortalecer las cuentas públicas y crear empleo directo e indirecto, especialmente en la Meseta Central.
El mismo informe define a la explotación de uranio como “un nuevo pilar productivo para Chubut”, informe de CICECH, y plantea que, si avanza con inversiones y supera la etapa inicial, podría transformar la economía provincial en la próxima década. Bajo esa mirada, la provincia podría consolidarse como una pieza clave de la transición energética y de una estrategia de desarrollo de largo plazo.
Sin embargo, el avance del debate también reactivó las advertencias por los pasivos ambientales. En Chubut sigue vigente la Ley XVII N°68, ex Ley 5001, que prohíbe desde 2003 la minería metalífera a cielo abierto y el uso de cianuro. Quienes promueven la explotación del uranio sostienen que la lixiviación in situ no contradice esa norma. Carlos Lorenzo, presidente de la Federación Empresaria del Chubut, afirmó que “la minería no está prohibida en la Provincia del Chubut, lo que está prohibido es una metodología del uso del cianuro”, Carlos Lorenzo. En la misma línea, Gerardo Caldera, de CAPEM, sostuvo que “se puede explotar sin contradecir la Ley 5.001”, Gerardo Caldera.
El peso de los antecedentes en Chubut
Las organizaciones ambientales y especialistas cuestionan esa posición y advierten que tanto la minería tradicional como la lixiviación in situ implican riesgos para el ambiente y la salud. Fernando Urbano, médico y titular de la Fundación FUSSO, advirtió en su libro 4 veces no, Chubut frente al uranio que esta técnica puede generar filtraciones a los acuíferos subterráneos, afectar napas y vertientes y dejar pasivos radioactivos imposibles de eliminar por completo.
Entre los antecedentes más mencionados aparece la planta de Pichiñán, donde durante la década de 1970 la CNEA procesó mineral y dejó más de 140.000 toneladas de colas radioactivas y escombros. En esos mismos años, también intervino en la explotación de Los Adobes y en la exploración de Cerro Solo. Ese historial es parte central de las objeciones al nuevo impulso del uranio en la provincia.
Desde No a la Mina remarcan que el Estado provincial debe reconocer la trayectoria de defensa del agua y los recursos naturales, y recuerdan la vigencia de derechos constitucionales como la consulta libre, previa e informada prevista por el Convenio 169 de la OIT en territorios habitados por comunidades mapuche tehuelche. En ese punto, el debate excede la discusión técnica y vuelve a colocar en primer plano el conflicto entre extractivismo, legislación y participación ciudadana.
Así, Chubut queda otra vez ante una discusión de fondo: si el uranio puede convertirse en una salida económica en medio de la crisis de actividades tradicionales o si el costo ambiental y social de esa apuesta vuelve a abrir una disputa que la provincia ya protagonizó en otras ocasiones. Entre la promesa de inversión y empleo, y el recuerdo de los pasivos que dejó la actividad, el futuro del mineral volvió a instalarse en el centro de la agenda.
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