La iniciativa busca declarar la inconstitucionalidad de la nueva norma y convoca a la ciudadanía a respaldar una acción judicial centrada en el derecho al agua.
La reforma de la Ley de Glaciares continúa generando reacciones en distintos sectores y ahora se avanza en una demanda colectiva que apunta a frenar su aplicación en la Justicia. La iniciativa busca reunir respaldo social mientras se construye una acción legal que cuestione la validez de la norma aprobada recientemente.
Desde el ámbito jurídico ambiental explicaron que el planteo se basa en el carácter colectivo de los derechos involucrados. En ese sentido, “el derecho ambiental también sucede que siempre es colectivo”, sostuvo Cristian Fernández, coordinador del área de legales de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales.
El especialista señaló que este tipo de acciones se vinculan con problemáticas que afectan a toda la comunidad. “Cada vez que buscamos una solución a un problema de contaminación o a una actividad extractiva que pone en peligro el agua, el resultado desfavorable es colectivo”, afirmó.
En ese marco, se lanzó una convocatoria abierta a la sociedad para acompañar el proceso judicial. La campaña se canaliza a través de una plataforma online donde las personas pueden sumar su adhesión a la iniciativa.
Convocatoria ciudadana y respaldo social
Según se explicó, la propuesta surge en un contexto de alta participación previa en instancias públicas. “Se anotaron más de 100.000 personas y luego las personas fueron silenciadas, no se les permitió hablar”, indicó Fernández al referirse a las audiencias vinculadas al debate de la ley.
La convocatoria busca canalizar ese nivel de participación social en una acción concreta. “Sabíamos que hay una energía colectiva y que la defensa del agua moviliza mucho a la ciudadanía”, agregó.
El objetivo central de la demanda es que la Justicia declare la inconstitucionalidad de la ley sancionada. “Es una acción legal que va a buscar que se declare la inconstitucionalidad en la justicia de la ley sancionada”, explicó.
El planteo se apoya en distintos fundamentos jurídicos. “Está centrado en los acuerdos internacionales, en la Constitución nacional y en el derecho humano al agua”, detalló.
Movilización, tensión y debate público
Durante el tratamiento legislativo también se registraron manifestaciones. “Mucha gente se acercó al Congreso hasta donde pudo, porque estaba todo vallado”, relató Fernández.
En ese contexto, también se produjeron situaciones de tensión. “Hubo situaciones de gases que se lanzaron desde la policía y sin embargo mucha gente se mantuvo en vigilia”, señaló.
A pesar del resultado legislativo, desde el sector impulsor de la demanda sostienen que el debate continúa abierto en otros ámbitos. “Esta ley se convirtió en ley, pero trabajamos para hacer este planteo ante tribunales”, afirmó.
En relación a las expectativas, el referente explicó que la resolución dependerá del Poder Judicial. “La resolución depende de los jueces y esperamos que estén a la altura de las circunstancias”, expresó.
Presión social y expectativa judicial
Desde la organización remarcaron la importancia del respaldo ciudadano en el proceso. “Que mucha gente se manifieste y apoye también nos viene a respaldar en un juego muy asimétrico de poder”, indicó.
También hicieron referencia al rol de distintos actores en el tratamiento de la norma. “El poder que tienen las empresas mineras con su lobby lo hemos visto en el Congreso y frente al Poder Ejecutivo”, sostuvo.
En ese escenario, la demanda colectiva busca consolidarse como una herramienta de participación. “La mayoría de la gente está a favor del agua y eso quedó claro con las inscripciones masivas y las firmas”, afirmó Fernández.
Finalmente, destacó el alcance de la convocatoria y su proyección. “Estamos hablando de cientos de miles de firmas que respaldan esta acción legal”, concluyó.
Be the first to comment