Jefes comunales de todo el país avanzan en una presentación judicial por el manejo de recursos destinados a obras viales y cuestionan el destino de los fondos recaudados.
Un grupo de intendentes nucleados en la Federación Argentina de Municipios (FAM) avanza en la preparación de una denuncia contra el ministro de Economía, Luis Caputo, por presunta malversación de fondos públicos vinculados al impuesto a los combustibles.
El reclamo se centra en el destino de los recursos que, por normativa, deben ser utilizados para infraestructura vial y mantenimiento de rutas en todo el país. Según plantean los municipios, esos fondos no estarían siendo transferidos en los términos previstos.
Desde la FAM sostuvieron que existe una diferencia significativa entre lo recaudado y lo efectivamente destinado a obras, lo que generó preocupación entre los gobiernos locales por el impacto directo en sus territorios.
En ese contexto, los intendentes advirtieron que, de no obtener respuestas por parte del Gobierno nacional, avanzarán con una presentación judicial en los próximos días.
Reclamo por fondos y obras paralizadas
El eje del conflicto radica en el manejo del fideicomiso que administra los recursos provenientes del impuesto a los combustibles, cuya finalidad principal es financiar obras viales en todo el país.
Los jefes comunales aseguran que una parte importante de esos fondos no fue girada a los organismos correspondientes, lo que habría generado una caída en la ejecución de obras públicas.
En esa línea, remarcaron que la falta de financiamiento impacta en el mantenimiento de rutas, la conectividad y la actividad económica en distintas regiones.
Además, señalaron que la situación afecta directamente a las economías regionales, al limitar la inversión en infraestructura clave para la producción y el transporte.
Advertencia de acción judicial
Ante este escenario, los intendentes indicaron que la denuncia apunta a determinar si existió un desvío de fondos o un uso indebido de los recursos públicos.
Desde el espacio municipal remarcaron la necesidad de que se garantice la transparencia en la asignación de los fondos y el cumplimiento de los destinos establecidos por ley.
El conflicto se da en un contexto de tensiones entre los gobiernos locales y la administración nacional por la reducción de transferencias y la paralización de obras públicas.
Mientras tanto, los intendentes continúan evaluando los pasos a seguir y no descartan avanzar en la Justicia si no se abre una instancia de diálogo que permita aclarar el destino de los recursos.
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