Un proyecto presentado en la Legislatura de Río Negro propone crear el Fondo Arraigo para financiar trámites de mensura, deslinde y amojonamiento y avanzar en la regularización dominial de unas 3 millones de hectáreas de tierras fiscales.
Un nuevo proyecto de ley presentado en la Legislatura de Río Negro busca dar respuesta a una problemática que alcanza a unas 3 millones de hectáreas, cerca de la mitad de las tierras fiscales de la provincia: la falta de regularización dominial. La iniciativa fue impulsada por los legisladores Leandro García, Alejandra Mas, Daniel Belloso y Luis Ivancich, del bloque PJ-Nuevo Encuentro.
La propuesta plantea la creación del “Fondo Arraigo”, con el objetivo de subsidiar o financiar los trámites de mensura, deslinde y amojonamiento para antiguos pobladores y pequeños productores que no pueden acceder al título de propiedad por falta de recursos económicos.
Según se detalla en los fundamentos del proyecto, el principal obstáculo para quienes ocupan y trabajan esas tierras es el costo que implica cumplir con el requisito legal de contar con una mensura registrada. Esa exigencia, indican, se convirtió en la barrera central para que los llamados “fiscaleros” puedan regularizar su situación.
En ese sentido, los autores remarcan que, para un predio menor a 3.000 hectáreas en la Región Sur, realizar una mensura “requiere una inversión inicial superior a los 4,2 millones de pesos, lo que equivale a más de 15 salarios mínimos vitales y móviles”, según se expone en los fundamentos del proyecto.
El costo de la mensura, eje del problema
El proyecto también advierte que en zonas con mayor cotización de la tierra, como la región andina o los valles irrigados, los costos son todavía más altos. En esos casos, los valores “se disparan partiendo desde los 1.500 dólares por hectárea”, de acuerdo con el texto presentado.
Los legisladores sostienen que esta imposibilidad económica “ha dejado al 50% de las tierras fiscales en la irregularidad, una situación de incertidumbre jurídica que desalienta la inversión, impide el desarrollo productivo e incluso ha fomentado prácticas de intercambios ilegales o fraudulentos a lo largo de la historia”.
Para sostener el Fondo Arraigo, la iniciativa propone una reforma tributaria con criterio progresivo mediante la creación de un “adicional arraigo”. Ese mecanismo incrementaría el impuesto inmobiliario sobre propiedades cuyos titulares tengan mayor capacidad contributiva.
De acuerdo con el proyecto, se aplicaría un recargo del 20% a los inmuebles urbanos, suburbanos y rurales ubicados en la escala máxima de valuación fiscal. Ese porcentaje subiría al 30% en los casos de inmuebles ociosos o improductivos.
Un adicional especial para grandes tierras en Bariloche
La propuesta también contempla un recargo del 35% para las propiedades rurales y subrurales ubicadas en el departamento de Bariloche cuya superficie supere las 100 hectáreas. Los autores argumentan que los impuestos actuales “parten de una valuación fiscal fuertemente subestimada”, con diferencias de alrededor del 900% respecto del valor de mercado.
En esa línea, afirman que es en la zona andina donde se registra la mayor brecha entre el valor fiscal y el precio real de la tierra. Además, el texto establece que, una vez cumplido el objetivo de regularizar todas las tierras fiscales, este adicional impositivo deberá ser eliminado o redefinir su destino.
Otro de los puntos centrales del proyecto es la creación de un Registro Único de Adjudicatarios y Permisionarios de tierras fiscales, que quedará bajo la órbita de la actual Dirección Provincial de Tierras. Allí se sistematizará información catastral, socioeconómica y productiva de cada solicitante.
Como la demanda podría superar la recaudación inicial del fondo, se prevé fijar criterios de prioridad basados en la edad y el arraigo del ocupante, su situación socioeconómica y el tamaño del predio.
Un freno a la venta de tierras por 10 años
Para evitar maniobras especulativas, el proyecto incorpora una restricción para quienes accedan al financiamiento estatal de la mensura. En esos casos, no podrán pedir permiso de venta, cesión o transferencia de las tierras a terceros durante un plazo de 10 años desde la obtención del título de propiedad.
La iniciativa, que sigue vigente tras no haber logrado tratamiento parlamentario durante su presentación en 2024, apunta a fortalecer el arraigo cultural y brindar seguridad jurídica para que las familias campesinas puedan integrarse de manera competitiva al entramado productivo de Río Negro.
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