El proyecto volvió a presentarse en la Legislatura y busca avanzar en la regularización dominial de millones de hectáreas, con financiamiento para pobladores que no pueden afrontar los costos.
El legislador Leandro García volvió a presentar el proyecto para crear el Fondo Arraigo, una herramienta orientada a avanzar en la regularización de tierras fiscales en Río Negro. La iniciativa apunta a resolver una situación que alcanza a unas tres millones de hectáreas sin regularización dominial en la provincia.
La propuesta plantea financiar o subsidiar trámites de mensura, además del amojonamiento y deslinde de antiguos pobladores y pequeños productores que no pueden completar el proceso para acceder al título de propiedad.
En ese sentido, García explicó el recorrido de la iniciativa. “En realidad es un proyecto que ya habíamos presentado allá por el 2024, que reiteramos para la zona de Mallín Ahogado en el 2025 y que volvemos a insistir en este 2026”, sostuvo el legislador.
También remarcó el objetivo central del proyecto. “Lo volvimos a presentar con el mismo objetivo que tiene que ver con acelerar el proceso de regularización nominal de las tierras fiscales en toda la provincia”, indicó Leandro García.
El costo de las mensuras como principal obstáculo
Uno de los ejes del proyecto es el costo de las mensuras, señalado como una de las principales trabas para avanzar en la regularización. En ese marco, se propone modificar un tramo del impuesto inmobiliario para generar recursos destinados a estos trámites.
“Uno de los grandes problemas que pretenden regularizar las tierras fiscales es la falta de mensuras y las mensuras son costosas”, afirmó el legislador.
En esa línea, detalló el mecanismo propuesto. “Lo que propone esta ley es que se modifique en un punto el estrato más alto del impuesto inmobiliario para poder financiar las mensuras a aquellos pobladores que no puedan pagar la mensura”, expresó García.
Según planteó, en algunos casos una mensura para predios menores a 3.000 hectáreas supera los 4 millones de pesos, lo que representa un monto elevado en relación a los ingresos de los pobladores.
Impacto en pobladores históricos y conflictos por la tierra
El legislador advirtió sobre las consecuencias de la falta de seguridad jurídica para familias que ocupan tierras desde hace décadas y continúan renovando certificados de ocupación sin acceder a la titularización.
“Hay muchos vecinos y vecinas que todos los años tienen que renovar su certificado de ocupación y que hace 50 años incluso sus abuelos han fallecido o su padre, su madre, haciendo estos trámites y no han tenido el reconocimiento del derecho que les corresponde”, señaló.
También explicó que la situación genera conflictos familiares vinculados al uso de la tierra. “Cuando uno está sobre tierras fiscales no hay herederos en las tierras del Estado”, indicó, al referirse a las disputas que pueden surgir en esos casos.
La discusión por el uso y acceso a la tierra
García vinculó la falta de regularización con otros procesos vinculados al acceso a la tierra en la provincia. “El gobierno provincial no quiere avanzar con este proyecto, fundamentalmente porque esta desorganización permite que se continúe avanzando en la extranjerización de la tierra”, sostuvo.
Además, recordó antecedentes vinculados a investigaciones sobre tierras y planteó la necesidad de avanzar en un ordenamiento dominial.
En ese marco, remarcó el foco de la iniciativa. “El proyecto que nosotros presentamos tiene que ver con la contracara de esto, con pobladores que están aquí hace muchos años y que justamente no tienen seguridad jurídica sobre esas tierras”, concluyó.
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