Un caso iniciado en Bariloche llega a la Corte Suprema: qué se define sobre la Ley de Tierras

La Corte Suprema de Justicia se reúne este viernes desde las 9 para resolver una medida cautelar contra el artículo 154 del DNU 70/2023, que derogó la Ley de Tierras Rurales. La causa se inició en Bariloche y busca restablecer los límites a la compra de tierras por parte de extranjeros.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación se reúne este viernes 9 de octubre, a partir de las 9, para analizar una presentación judicial contra el artículo 154 del DNU 70/2023, firmado por el presidente Javier Milei, que dispuso la derogación de la Ley de Tierras Rurales 26.737.

La resolución podría modificar las condiciones para la adquisición de tierras rurales por parte de personas físicas y jurídicas extranjeras. Si el tribunal concede la medida cautelar solicitada, se restablecerían de manera inmediata las restricciones previstas por la legislación.

El expediente fue impulsado por la Asociación Civil Árbol de Pie, las comunidades originarias Lafkenche y Lof Fcta Anecon, y la legisladora rionegrina Magdalena Odarda. La presentación busca proteger derechos ambientales de incidencia colectiva y territorios ancestrales de comunidades indígenas.

La convocatoria se produjo luego de que los jueces Carlos Rosenkrantz, Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti no alcanzaran la mayoría de tres votos necesaria para resolver el planteo. Ante esta situación, el tribunal dispuso la incorporación de dos conjueces.

La causa comenzó en Bariloche y llegó a la Corte Suprema

Para avanzar con la resolución, fueron convocados Diego Barroetaveña, integrante de la Cámara Federal de Casación Penal, y Juan Ignacio Pérez Curci, de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza. Además, se habilitaron días y horas inhábiles y se redujeron a 24 horas los plazos de notificación.

La causa se inició en diciembre de 2023 ante la Justicia Federal de Bariloche, luego de la publicación del decreto presidencial. El planteo cuestiona la derogación de las restricciones establecidas para la propiedad de tierras rurales en manos extranjeras.

La presentación se diferencia de la impulsada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM), que fue desestimada días atrás por la Corte Suprema debido a la falta de legitimación activa de sus demandantes.

En este expediente, los impulsores fundamentaron su reclamo en la protección ambiental y los derechos territoriales de las comunidades indígenas. También solicitaron una intervención judicial antes de la sesión especial del Congreso en la que se debatirá la continuidad del DNU.

Qué establece la Ley de Tierras Rurales 26.737

La Ley 26.737 establece un límite del 15% de la superficie de tierras rurales que puede encontrarse bajo titularidad de personas físicas o jurídicas extranjeras. La restricción se aplica a nivel nacional, provincial y municipal.

Además, determina que las personas extranjeras de una misma nacionalidad no pueden superar el 30% del cupo global del 15% establecido por la normativa.

Otro de sus puntos contempla la prohibición de titularidad o posesión extranjera de tierras que contengan o sean ribereñas a cuerpos de agua de envergadura, como lagos, ríos y glaciares.

La decisión que adopte la Corte Suprema sobre la medida cautelar determinará si vuelven a aplicarse las restricciones previstas por la ley mientras continúa el tratamiento judicial del planteo contra el decreto presidencial. bajada etc