Torres cruzó a la Justicia por la alimentación de los internos del IPP: “Tenemos que depurar a la Justicia”

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, cuestionó duramente al juez Marcelo Nieto Di Biase luego de que la Justicia ordenara reforzar con carne roja las viandas destinadas a internos del Instituto Penitenciario Provincial (IPP) y la Alcaidía de Trelew. El reclamo por la alimentación comenzó en marzo y llegó a la Justicia mediante un habeas corpus colectivo.

El gobernador Ignacio Torres salió al cruce de la decisión judicial que intimó al Gobierno de Chubut a mejorar la alimentación de las personas privadas de su libertad. El juez Marcelo Nieto Di Biase ordenó incorporar carne roja a las viandas en un plazo de 72 horas, luego de un reclamo presentado por internos del IPP y la Alcaidía de Trelew.

El conflicto se inició en marzo, cuando los detenidos plantearon ante la Justicia la falta de proteínas y cuestionaron la calidad nutricional de las comidas que reciben. El reclamo también incluyó a personas que atraviesan tratamientos médicos y necesitan dietas específicas.

La presentación fue realizada mediante un habeas corpus colectivo impulsado por la Defensa Pública. Durante una audiencia, el juez Di Biase consideró necesario adoptar medidas para garantizar condiciones adecuadas de alimentación para las personas que se encuentran bajo custodia del Estado.

Cuestionamientos a las viandas

La discusión también alcanzó a Cook Master, empresa vinculada al servicio de alimentación. Desde la Defensa Pública cuestionaron el deterioro de la calidad de las comidas y reclamaron que la firma sea desvinculada del servicio, además de solicitar controles periódicos sobre las viandas.

Cook Master informa oficialmente que presta servicios de alimentación para grandes comunidades y que su sistema de viandas contempla el diseño del menú, elaboración, fraccionamiento y distribución de los alimentos. La empresa también desarrolla servicios vinculados al sistema penitenciario.

En Chubut, además, la compañía difundió anteriormente un programa de racionamiento en crudo asistido y escuelas de gastronomía destinadas a personas privadas de su libertad en establecimientos de Rawson, Puerto Madryn, Trelew y Comodoro Rivadavia.

La respuesta de Ignacio Torres

Torres cuestionó públicamente la intervención judicial y calificó la postura como parte de un “garantismo berreta”. El gobernador sostuvo además que es necesario revisar determinadas concepciones dentro de la Justicia y utilizó otros episodios relacionados con personas detenidas para fundamentar sus críticas.

El enfrentamiento abrió un nuevo capítulo en la relación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial de Chubut, mientras continúa el proceso judicial destinado a controlar las condiciones de alimentación en los establecimientos penitenciarios.

Desde el Gobierno provincial señalaron que el procedimiento administrativo para adquirir carne ya se encontraba iniciado. La Justicia, por su parte, fijó una nueva audiencia de seguimiento para el lunes 24 de agosto a las 10, donde se analizará el cumplimiento de las medidas ordenadas.

El caso vuelve a poner en discusión las condiciones de las personas privadas de libertad, la responsabilidad del Estado sobre quienes permanecen bajo su custodia y los límites de la intervención judicial sobre las políticas penitenciarias.