Rawson: absolvieron a Guillermo Quiroga en el juicio por presunta administración fraudulenta en ATE

La jueza penal Ana Karina Breckle absolvió al dirigente sindical por considerar que no se acreditó la existencia de un delito penal. En su sentencia cuestionó la investigación fiscal, calificó de “sesgada” la teoría de la acusación y remarcó que la propia conducción de ATE había manifestado que no sufrió perjuicios patrimoniales.

El dirigente sindical Guillermo Quiroga fue absuelto este miércoles en Rawson, luego de que la jueza penal Ana Karina Breckle diera a conocer la sentencia del juicio oral en el que estaba acusado por presunta administración fraudulenta en perjuicio de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).

La magistrada resolvió su absolución al considerar que se alcanzó una certeza negativa absoluta respecto de la inexistencia de delito penal por los hechos investigados, correspondientes al período comprendido entre noviembre de 2019 y mayo de 2023.

De qué estaba acusado Guillermo Quiroga

La Fiscalía, encabezada por el fiscal general Lucas Papini, sostenía que Quiroga había desviado fondos de las cuentas institucionales de ATE hacia cuentas bancarias personales.

Según la acusación, las transferencias habrían alcanzado los 22.765.769 pesos y provenían de los aportes y cuotas sindicales de los trabajadores afiliados.

El Ministerio Público Fiscal planteaba que ese dinero habría sido utilizado para afrontar gastos personales, cancelar tarjetas de crédito, realizar transferencias a cuentas de sus hijos, comprar bienes, pagar membresías deportivas y financiar viajes en avión y barco.

La acusación consideraba que esos movimientos configuraban el delito de defraudación por administración fraudulenta.

La jueza cuestionó la investigación fiscal

En los fundamentos de su sentencia, Breckle cuestionó la objetividad de la investigación y sostuvo que la teoría del caso presentada por la Fiscalía fue “sesgada”.

Uno de los puntos centrales del fallo fue que la propia conducción de ATE había manifestado que el patrimonio de la asociación no sufrió perjuicio alguno cuando fue consultada durante la investigación.

La jueza consideró que el Ministerio Público Fiscal desconoció esa respuesta y cuestionó que se hubiera avanzado con una acusación sin acreditar debidamente la existencia de una víctima y un daño patrimonial.

También remarcó que la responsabilidad de demostrar el supuesto uso personal de los fondos correspondía a los acusadores y no al imputado, quien tiene derecho constitucional a no demostrar su inocencia.

Los gastos y las cuentas bancarias

Otro de los aspectos analizados fue la pericia contable sobre los movimientos financieros de Quiroga.

Breckle cuestionó el enfoque de ese trabajo y sostuvo que no estuvo orientado objetivamente a determinar la verdad, sino a encontrar una conclusión que permitiera establecer una cifra para una presunta defraudación.

Además, consideró incorrecto que la Fiscalía tomara como únicos ingresos legítimos del dirigente sus haberes como trabajador del Ministerio de Salud, ya que no tenía impedimentos para obtener otros ingresos legales.

La sentencia también destacó los mecanismos de control cruzado de las cuentas de ATE, circunstancia que fue explicada durante el debate por representantes del gremio y empleados bancarios.

Cuestionamientos a la denuncia

La magistrada también analizó la participación de Claudia Barrionuevo, dirigente sindical que impulsó la denuncia y que se desempeñaba como secretaria de Finanzas de ATE.

En ese sentido, señaló que su responsabilidad sobre los fondos de la organización no podía quedar desvinculada de las explicaciones que debía brindar sobre las cuentas y los movimientos económicos.

Finalmente, Breckle coincidió con los planteos de la defensa, ejercida por el abogado Edgardo Oscar Romero Bruno, y sostuvo que la denuncia había sido “armada, falsa y con una finalidad específica”: desprestigiar a un adversario de la política gremial que era candidato en las elecciones de ATE para el período 2023-2027.

Con esta resolución, Guillermo Quiroga quedó absuelto de la acusación penal por presunta administración fraudulenta contra el gremio estatal.