Magdalena Odarda pidió informes por desalojos y tierras fiscales en Lago Escondido

La legisladora de Río Negro busca que el Gobierno provincial explique cuántas familias enfrentan procesos judiciales en el Área Natural Protegida Río Azul-Lago Escondido, qué sucede con las tierras fiscales y si existen proyectos privados sobre esos territorios. También reclamó información sobre las denuncias por cierres de caminos, el acceso al agua y la situación del Plan de Manejo del área protegida.

La legisladora rionegrina Magdalena Odarda, junto a integrantes de los bloques Vamos con Todos y PJ-Nuevo Encuentro, presentó dos pedidos de informes al Gobierno de Río Negro para conocer la situación de los antiguos pobladores rurales del Área Natural Protegida Río Azul-Lago Escondido (ANPRALE). La iniciativa busca esclarecer los conflictos territoriales que atraviesan familias que viven y trabajan en la zona desde hace generaciones y que, según los planteos realizados, enfrentan juicios y posibles desalojos.

Uno de los principales objetivos es determinar cuántas familias están involucradas en procesos judiciales, cuál es su situación legal y qué medidas adoptaron los organismos provinciales ante los conflictos por la tenencia y ocupación de las tierras. La presentación también pretende establecer si existen procedimientos administrativos que puedan modificar la situación dominial de los terrenos.

Tierras fiscales, títulos de propiedad y posibles negocios privados

Otro de los puntos centrales de los pedidos de informes está relacionado con el destino de las tierras fiscales en Lago Escondido. Odarda reclama precisiones sobre la entrega de títulos de propiedad, las posibles cesiones y operaciones de compraventa, y la existencia de particulares o grupos interesados en adquirir terrenos dentro del área protegida.

La discusión tiene antecedentes legislativos. En junio de 2025, Odarda y otros legisladores presentaron el pedido de informes N.º 703/2025, referido a las cesiones y operaciones de compraventa de tierras fiscales dentro del área protegida. <Cite refs={[«turn252581search2»]}/> La nueva iniciativa vuelve a poner el foco en la necesidad de conocer qué decisiones toma el Estado provincial respecto de esos territorios y qué controles se aplican.

La preocupación planteada por los impulsores del reclamo es que los conflictos por la propiedad y la ocupación de la tierra puedan afectar a pobladores históricos, mientras persisten interrogantes sobre el destino de los terrenos y los posibles emprendimientos privados.

Denuncias por cierres de la Huella Andina y accesos al agua

Los legisladores también solicitaron explicaciones sobre las denuncias por el cierre de sectores de la Huella Andina y de accesos a fuentes de agua dulce. El planteo apunta a conocer qué restricciones existen, quiénes las dispusieron y qué intervención tuvieron las autoridades provinciales.

El acceso a caminos y cursos o fuentes de agua es uno de los aspectos sensibles de la controversia, tanto para las familias que viven en la zona como para quienes transitan por el área. Por ese motivo, los pedidos buscan determinar si las restricciones denunciadas cuentan con autorización y cuáles son las medidas previstas para garantizar el cumplimiento de las normas aplicables.

¿Qué sucede con el Plan de Manejo del área protegida?

Otro de los interrogantes planteados se refiere al Plan de Manejo del Área Natural Protegida Río Azul-Lago Escondido. Odarda reclama información sobre su estado de elaboración y aprobación, un instrumento fundamental para organizar las actividades permitidas, establecer criterios de conservación y regular los distintos usos del territorio.

La existencia de reglas claras resulta relevante en un área donde confluyen la protección ambiental, los intereses privados, los derechos de los pobladores rurales y las actividades turísticas. Conocer el estado del plan permitiría precisar qué criterios utiliza la Provincia para administrar el área y controlar las intervenciones sobre sus recursos naturales.

¿Qué respuestas debe dar el Gobierno de Río Negro?

Los pedidos de informes buscan que el Ejecutivo provincial brinde documentación y explicaciones sobre los procesos judiciales contra pobladores, la situación de las tierras fiscales, la entrega de títulos de propiedad, los posibles proyectos privados, las denuncias por restricciones de acceso y el Plan de Manejo.

Por el momento, los planteos constituyen solicitudes de información y no permiten considerar acreditadas todas las denuncias mencionadas. Las respuestas oficiales serán necesarias para conocer el estado de los expedientes, las actuaciones administrativas y las medidas adoptadas por los organismos competentes.

La iniciativa de Magdalena Odarda vuelve a instalar en la agenda pública de Río Negro una discusión de relevancia para la Comarca Andina: qué sucede con las tierras de Lago Escondido, cuáles son los derechos de los pobladores rurales y cómo se garantiza el acceso a los caminos y recursos naturales dentro de un área protegida.