Cannabis en Chubut: dos años sin reglamentación y una disputa por el rumbo de la Ley I N.º 790

La norma que regula el cannabis medicinal y promueve la producción de cáñamo y cannabis en Chubut fue sancionada en septiembre de 2024. A dos años de su aprobación, todavía no fue reglamentada y crece la discusión sobre el equilibrio entre el acceso medicinal, el control sanitario y el desarrollo productivo.

La Ley I N.º 790 de Chubut cumplió dos años desde su sanción y continúa sin reglamentación. La norma, aprobada por unanimidad el 26 de septiembre de 2024, surgió después de años de reclamos de familias y organizaciones vinculadas al cannabis medicinal.

El texto establece un marco para el acceso seguro e informado al uso medicinal, terapéutico y paliativo del cannabis y sus derivados. Al mismo tiempo, contempla el desarrollo económico vinculado con la producción, industrialización y comercialización del cáñamo industrial y derivados de la planta de cannabis.

La demora en la reglamentación abrió una discusión entre organizaciones que impulsaron la legislación y funcionarios que trabajan en su implementación. Uno de los principales cuestionamientos es cuál será finalmente el peso del componente medicinal y cuál será el alcance de la actividad productiva.

Berta Tachek cuestiona el rumbo de la reglamentación

Berta Tachek, presidenta de la Asociación Cannabis Terapéutico Puerto Madryn y una de las impulsoras de la ley, sostiene que el objetivo original debía ser garantizar que el cannabis medicinal pudiera convertirse en una alternativa legal, segura y accesible para los pacientes.

Tachek explicó que comenzó a involucrarse en el cultivo y preparación de aceite de cannabis a partir de la enfermedad de su hija Salomé y que su planteo fue extender esa experiencia a otras familias de la provincia.

Según manifestó, la organización también cumplió tareas de abastecimiento de cannabis medicinal para pacientes y hospitales en un contexto en el que, según su interpretación, el Estado todavía no garantizaba ese acceso.

La dirigente cuestiona ahora que el proceso de reglamentación pueda derivar hacia un esquema principalmente comercial y productivo.

También pidió que deje de utilizarse el nombre de su hija para referirse a la norma como “Ley Salomé”, al considerar que el rumbo que está tomando se aleja del objetivo sanitario por el cual comenzó a impulsar la legislación.

La ley establecía plazos que ya fueron superados

La Ley I N.º 790 estableció un plazo de 30 días para su reglamentación y de 90 días para garantizar la implementación y funcionamiento de la Agencia Chubutense de Cáñamo Industrial y Cannabis Medicinal (ACCICANN) y del Registro de Usuarios de Cannabis de Chubut (REUSCCH).

La norma fue sancionada el 26 de septiembre de 2024 y promulgada automáticamente el 28 de octubre de ese mismo año.

Los plazos establecidos por la propia legislación quedaron ampliamente superados.

Desde la Secretaría de Salud explican que una de las dificultades estuvo relacionada con el desarrollo del sistema informático necesario para poner en funcionamiento el registro provincial.

Salud asegura que el registro digital está en las etapas finales

Irene McCarthy, directora Provincial de Farmacia y referente del Programa de Cannabis Medicinal de la Secretaría de Salud de Chubut, explicó que desde el área sanitaria se decidió desarrollar un REUSCCH completamente digital.

Según detalló, esto implicó crear una herramienta específica y adaptarla a los procedimientos administrativos del sistema de salud.

La funcionaria señaló que el “esqueleto” del sistema ya está desarrollado y que actualmente se encuentra en las etapas finales de prueba.

Desde Salud también sostienen que el desarrollo del registro permitirá ordenar la información y establecer un circuito administrativo para los usuarios de cannabis medicinal en la provincia.

La dimensión productiva, uno de los puntos de mayor discusión

Uno de los aspectos que genera mayores diferencias es la relación entre la producción de cannabis y el acceso medicinal.

Tachek sostiene que el proceso apunta hacia un modelo comercial, con producción a mayor escala y una eventual orientación hacia la venta y exportación.

Desde Salud, en cambio, McCarthy plantea que la dimensión productiva no necesariamente debería competir con el objetivo sanitario.

Según explicó, los productores que sean aprobados por ACCICANN podrían abastecer de materia prima vegetal a farmacias hospitalarias destinadas a la elaboración de preparados magistrales.

La funcionaria también diferenció el circuito de los productores habilitados por el organismo provincial del funcionamiento de las asociaciones, señalando que estas últimas mantienen una relación particular con sus socios.

Por el momento, no existe un borrador público de la reglamentación que permita conocer en detalle cuáles serán las actividades productivas autorizadas, bajo qué condiciones funcionarán y cómo se articularán con el sistema sanitario.

El costo de los análisis y los controles de calidad

Otro de los puntos que aparece en la discusión es el costo de los análisis necesarios para conocer la composición de los aceites y otros preparados de cannabis.

Consultada sobre la posibilidad de establecer un espacio estatal gratuito para realizar análisis cromatográficos de productos artesanales, McCarthy señaló que la legislación no contempla que el Estado absorba ese costo.

Actualmente existen instituciones que realizan este tipo de estudios, aunque no necesariamente de manera gratuita.

Para las organizaciones vinculadas al cannabis medicinal, el costo de estos controles representa una cuestión relevante cuando se habla de garantizar un acceso seguro y accesible a los tratamientos.

También está pendiente la capacitación de profesionales de Salud Pública

Otro de los aspectos que todavía no comenzó a implementarse es la capacitación específica de profesionales de los hospitales públicos en materia de cannabis medicinal.

McCarthy reconoció que esa capacitación todavía no comenzó, aunque aseguró que se encuentra prevista dentro del proceso de implementación.

Mientras tanto, según el planteo de las organizaciones, son pocos los profesionales de la Salud Pública que actualmente acompañan a pacientes en los trámites vinculados al REPROCANN, por lo que muchas consultas terminan realizándose de manera particular, con costos que rondan los $50.000.

Dos años después, la discusión sigue abierta

La Ley I N.º 790 fue sancionada con unanimidad legislativa y después de años de reclamos de familias y organizaciones que buscaban establecer un marco provincial para el cannabis medicinal.

Dos años más tarde, la norma todavía no cuenta con una reglamentación definitiva y persisten diferencias sobre su implementación.

Desde Salud sostienen que el objetivo es poner en funcionamiento el registro digital, ordenar los procedimientos y articular la dimensión sanitaria con la productiva.

Desde la Asociación Cannabis Terapéutico Puerto Madryn, Berta Tachek cuestiona que el componente productivo pueda terminar desplazando el acceso medicinal y sostiene que dejó de ser convocada a las reuniones vinculadas con la reglamentación.

El debate todavía no tiene una definición definitiva. La publicación de la reglamentación permitirá conocer finalmente cómo funcionará el REUSCCH, qué papel tendrán las organizaciones, cómo accederán los pacientes al cannabis medicinal y qué actividades productivas serán habilitadas en Chubut.

Tachek, además, anticipó que podría recurrir a la Justicia si considera que la reglamentación se aparta del objetivo que originalmente impulsó junto a otras familias y organizaciones.