Villa La Angostura: legisladores nacionales repudiaron el intento de desalojo de los Lof Kinxikew y Melo

Ana Marks, Adriana Serquis y Marcelo Mango expresaron su rechazo al intento de desalojo de las comunidades mapuche Lof Kinxikew y Lof Melo, ubicadas en la zona de Paso Coihue, sobre la Ruta Nacional 40, y reclamaron una instancia de diálogo.

La senadora nacional Ana Marks y los diputados nacionales Adriana Serquis y Marcelo Mango expresaron su “profundo repudio” al intento de desalojo de las comunidades mapuche Lof Kinxikew y Lof Melo, ubicadas en la zona de Paso Coihue, sobre la Ruta Nacional 40.

Los legisladores difundieron un comunicado en el que cuestionaron el avance de la medida judicial y manifestaron su solidaridad con las familias de ambas comunidades. Según plantearon, el procedimiento representa un avasallamiento de los derechos territoriales.

La medida alcanza al sector conocido como Lote 42, ubicado entre los kilómetros 2081 y 2083 de la Ruta Nacional 40, en el tramo que conecta Bariloche con Villa La Angostura. Las comunidades habían advertido días atrás sobre una orden de desalojo prevista para este jueves 20 de agosto.

En ese contexto, Marks, Serquis y Mango reclamaron que los gobiernos nacional y provincial respeten los derechos de las comunidades y habiliten los canales necesarios para alcanzar una solución mediante el diálogo.

El reclamo por una mesa de diálogo

Los legisladores sostuvieron que la Constitución Nacional reconoce la preexistencia de los pueblos originarios y protege los territorios de ocupación tradicional. También remarcaron la existencia de instrumentos internacionales que reconocen derechos vinculados con la propiedad comunitaria indígena.

El planteo se suma a otras expresiones de rechazo surgidas durante los últimos días. El sábado 15 de agosto, comunidades mapuche y organizaciones sociales realizaron un abrazo simbólico sobre la Ruta 40, en el paraje Pedregoso, en respaldo a los Lof Kinxikew y Melo.

Marks, Serquis y Mango también vincularon el conflicto con el reciente debate legislativo sobre la denominada ley de “Inviolabilidad de la propiedad privada”.

En particular, cuestionaron las expresiones realizadas durante ese debate por la senadora neuquina Nadia Márquez, de La Libertad Avanza, quien se refirió a la necesidad de avanzar con desalojos de comunidades en la zona de Villa La Angostura.

Cuestionamientos al Gobierno nacional y a la Justicia

El pronunciamiento sostiene que esas declaraciones evidencian, según los legisladores, “la absoluta falta de independencia de la Justicia Federal” frente a los pedidos y necesidades del poder político. Organizaciones académicas y sociales también habían repudiado las expresiones de Márquez.

El conflicto territorial entre los Lof Kinxikew y Melo y quienes reclaman derechos sobre las tierras lleva varios años. La orden de desalojo fue cuestionada anteriormente por organizaciones políticas, sociales, académicas y religiosas.

En 2025, la Legislatura de Neuquén registró un proyecto de declaración que rechazaba la orden de desalojo de ambas comunidades. El expediente señalaba que la medida había sido dictada por el juez Francisco Astoul Bonorino y advertía sobre el uso de la fuerza pública para hacerla efectiva.

Además, antecedentes difundidos por organismos académicos señalan que el Lof Kinxikew cuenta con un reconocimiento estatal de su ocupación territorial, mientras que las comunidades reclaman que se avance con los mecanismos de reconocimiento y relevamiento correspondientes.

Los legisladores exigieron una salida pacífica

Frente al avance de la medida, los tres legisladores nacionales exigieron que se respeten los derechos de las comunidades mapuche y que se priorice una salida pacífica mediante el diálogo.

“Exigimos que los gobiernos nacionales y provinciales respeten los derechos de las comunidades mapuche de la región”, señalaron Marks, Serquis y Mango, quienes plantearon que una solución deberá contemplar el reconocimiento de la preexistencia y la ocupación ancestral que reivindican las comunidades.

El conflicto mantiene en alerta a organizaciones mapuche y sociales de la región. Mientras las comunidades sostienen su reclamo territorial, distintos sectores políticos y sociales cuestionan que la respuesta estatal sea el desalojo y reclaman una instancia de diálogo antes de cualquier intervención de las fuerzas de seguridad.