La presentación fue impulsada por la Fundación Estrellas Amarillas y la familia de Laura Romano, la joven que murió tras ser atropellada en la Comarca Andina. El reclamo apunta al accionar de la magistrada y a la decisión de no suspender el carnet de la imputada.
La muerte de Laura Romano en un siniestro vial ocurrido en la región cordillerana derivó en un reclamo institucional contra la titular del Juzgado Único Letrado de Lago Puelo, Silvana Vélez. La presentación fue formalizada por la Fundación Estrellas Amarillas junto con familiares de la víctima ante el Consejo de la Magistratura de Chubut.
El planteo cuestiona la actuación de la jueza luego del hecho ocurrido el 5 de octubre, cuando Romano murió tras ser embestida por un vehículo. En la causa está imputada Siomara Antonella Barroso, quien, según la denuncia conocida públicamente, conducía con alcohol en sangre.
De acuerdo con la presentación, uno de los puntos centrales del reclamo es que la magistrada rechazó el pedido para suspender de manera preventiva la licencia de conducir de la acusada. Esa solicitud había sido planteada por la fiscalía y la querella en el marco del expediente.
Para la familia de la joven y para la organización que acompaña el caso, esa resolución no solo tuvo impacto en la causa judicial, sino que además generó una señal de desprotección para el entorno de la víctima y para la comunidad.
El reclamo contra la jueza de Lago Puelo
La causa penal contra la conductora fue caratulada de manera provisoria como homicidio simple con dolo eventual, una figura que refleja la gravedad con la que se analiza el hecho en la investigación judicial.
En ese contexto, el rechazo a quitarle el carnet quedó en el centro de las críticas. Desde el entorno de la víctima sostienen que permitir que la imputada mantenga la habilitación para conducir agrava el malestar y expone una mirada alejada del impacto que tuvo el caso.
Los familiares de Laura Romano también cuestionaron el trato recibido durante el proceso. En los testimonios difundidos junto al reclamo, señalaron que sintieron distancia e indiferencia por parte del sistema judicial en un momento atravesado por el dolor.
Desde la Fundación Estrellas Amarillas remarcaron que la confianza en la magistrada quedó quebrada y que la discusión ya no se limita a una decisión puntual del expediente, sino también al modo en que se abordó a quienes quedaron afectados por el hecho.
El caso llegó al Congreso y piden capacitación obligatoria
El reclamo fue llevado además a una reunión en la ciudad de Buenos Aires, donde integrantes de la fundación expusieron el caso ante la senadora nacional Edith Terenzi. El objetivo fue darle visibilidad al planteo y abrir una discusión más amplia sobre el tratamiento judicial de las víctimas de siniestros viales.
En ese marco, la organización propuso avanzar con instancias de formación obligatoria para personal del Poder Judicial y de las fuerzas de seguridad, con eje en los lineamientos de la Ley de Víctimas.
La iniciativa busca que hechos como el de Laura Romano no se limiten a una discusión judicial puntual, sino que sirvan también para revisar los mecanismos de acompañamiento institucional a las familias que atraviesan tragedias viales.
Mientras el pedido de remoción comienza su recorrido institucional, el caso volvió a instalar el debate sobre las decisiones judiciales en causas de tránsito con consecuencias fatales y sobre la respuesta del Estado frente a los reclamos de las víctimas.
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