Península de Magallanes: crece la polémica por la venta de tierras y la Legislatura pidió el expediente completo

El Decreto 0915/2026 habilitó de manera excepcional la venta de un inmueble en la Península de Magallanes para el desarrollo del denominado “Master Plan Ecocentro”. La medida generó cuestionamientos políticos, ambientales y del sector turístico, mientras la Legislatura de Santa Cruz exigió conocer el expediente completo.

La controversia por la operación inmobiliaria en la Península de Magallanes, frente al glaciar Perito Moreno, sumó este jueves nuevos capítulos. El Gobierno de Santa Cruz autorizó mediante el Decreto Provincial N.º 0915/2026, firmado el 1 de septiembre y publicado el 22 de septiembre, una excepción a las restricciones vigentes para permitir la venta de un inmueble ubicado en el departamento Lago Argentino.

La operación contempla la transferencia de la propiedad de Lacustre del Sud S.A. a ASB Hospitality Calafate SAU, con el objetivo de avanzar con el proyecto turístico denominado “Master Plan Ecocentro”. El inmueble corresponde a la Parcela Fracción G, Matrícula 186 del Departamento III-Lago Argentino.

El decreto establece que la excepción se concede “por única vez y con carácter estrictamente excepcional” y aclara que la autorización se limita exclusivamente a esa operación y proyecto. La norma también señala que la excepción no podrá ser utilizada como antecedente o criterio automático para futuras solicitudes similares.

La Legislatura pidió conocer todo el expediente

La discusión llegó este jueves a la Legislatura de Santa Cruz, donde los diputados aprobaron por unanimidad un pedido para que el Poder Ejecutivo remita el expediente completo y los antecedentes vinculados con el Decreto 0915/2026.

El requerimiento incluye documentación técnica y jurídica, estudios, dictámenes, consultas y otros antecedentes utilizados para fundamentar la excepción otorgada. También se puso el foco en la Declaración de Impacto Ambiental, las características del proyecto y su relación con el Plan de Manejo de la Península de Magallanes.

El debate legislativo no implicó formalmente un rechazo al proyecto turístico, sino que se concentró en la necesidad de acceder a la documentación y conocer cómo se desarrolló el procedimiento administrativo que derivó en la autorización.

Una empresa vinculada a capitales de Emiratos Árabes

Otro de los aspectos que generó atención es la composición societaria de la empresa compradora. ASB Hospitality Calafate SAU es una sociedad constituida en Argentina cuyo único accionista es ASB Hospitality LLC, registrada en Dubai, Emiratos Árabes Unidos. La firma está vinculada al grupo Albwardy Investment, que posee actividades relacionadas con el sector turístico y hotelero.

El decreto provincial sostiene que el proyecto ya cuenta con Declaración de Impacto Ambiental aprobada. Al mismo tiempo, establece que la ejecución, habilitación y funcionamiento deberán cumplir con la legislación ambiental, territorial y de conservación vigente, además de las restricciones y medidas de mitigación que establezcan las autoridades competentes.

Reclamos por el impacto ambiental y turístico

La medida también generó cuestionamientos en El Calafate. Desde la Asociación Civil de Alojamientos Turísticos de El Calafate (ACATEC) plantearon la necesidad de conocer en detalle las características del emprendimiento antes de evaluar sus efectos sobre el destino turístico.

Entre las cuestiones que la entidad busca precisar aparecen la cantidad de unidades y camas, la superficie que será intervenida, el consumo de agua, el tratamiento de efluentes y residuos, la demanda energética, los accesos y el tránsito que podría generar el proyecto. También reclamó conocer la Declaración de Impacto Ambiental completa y los dictámenes técnicos relacionados con el emprendimiento.

El planteo se produce mientras Santa Cruz busca atraer inversiones privadas y ampliar el desarrollo turístico. Desde el Gobierno provincial se ha presentado la iniciativa como una oportunidad para generar actividad económica y empleo, mientras distintos sectores reclaman conocer con precisión sus características y posibles impactos sobre un área ambientalmente sensible.

El Comité por Myriam Bregman pidió derogar el decreto

En paralelo, el Comité por Myriam Bregman cuestionó el Decreto 0915/2026 y reclamó su derogación. La organización sostuvo que la excepción debería ser discutida públicamente y pidió que se publique de manera completa el expediente CAP-N.º 495.894/23 y la Declaración de Impacto Ambiental.

Además, reclamó una audiencia pública en El Calafate y que la Legislatura provincial analice el tema junto con la discusión sobre la extranjerización de tierras.

El Comité también sostuvo que la Península de Magallanes constituye un área protegida y planteó que los bienes comunes de Santa Cruz no deberían quedar sujetos a este tipo de operaciones. Estas afirmaciones corresponden a la posición expresada públicamente por la organización.

De esta manera, la venta del inmueble y el futuro del Master Plan Ecocentro quedaron instalados en el centro de un debate que atraviesa cuestiones ambientales, turísticas, inmobiliarias y de política territorial. La documentación que deberá remitir el Ejecutivo a la Legislatura permitirá conocer con mayor detalle los fundamentos técnicos, ambientales y jurídicos que respaldaron la excepción concedida.