Milei reorganiza la Quinta de Olivos: Casa Militar toma el control y ATE amenaza con medidas de fuerza

El Gobierno nacional modificó el esquema de seguridad y funcionamiento de la Quinta de Olivos. Casa Militar asumirá el control integral de la residencia presidencial y se dispuso la desvinculación de 12 empleados civiles. ATE se declaró en alerta y advirtió que podría iniciar medidas de fuerza.

El Gobierno de Javier Milei decidió avanzar con una profunda reorganización de la Quinta de Olivos, residencia oficial del Presidente. La medida establece que Casa Militar concentrará las funciones de seguridad de la residencia presidencial y de los lugares donde se aloje temporalmente el mandatario y su familia.

La decisión incluye la disolución de la Administración General de la Residencia Presidencial de Olivos y el traspaso de sus responsabilidades y bienes a Casa Militar. El proceso deberá completarse en un plazo máximo de 60 días.

Doce empleados serán desvinculados

Como parte de la reestructuración, 12 trabajadores civiles serán despedidos, mientras que otros empleados serán reubicados en distintas dependencias estatales.

El Gobierno sostiene que la nueva estructura permitirá concentrar las tareas de seguridad y reducir la cantidad de personal civil que permanece dentro de la residencia.

Las funciones administrativas y de mantenimiento que continúen siendo necesarias deberán garantizarse bajo el nuevo esquema, mientras Casa Militar ampliará su participación en el funcionamiento de la Quinta.

El Gobierno justificó la decisión por razones de seguridad

La Casa Rosada explicó que la reorganización responde a la necesidad de reforzar los estándares de seguridad presidencial frente a lo que definió como una escalada de la inseguridad a nivel global.

También mencionó la próxima visita del papa León XIV a la Argentina, prevista para noviembre, como uno de los factores considerados por el Ejecutivo debido al movimiento de personal externo que implicarán las tareas de preparación y acondicionamiento.

Además de la explicación oficial, trascendieron versiones sobre una preocupación interna por supuestas filtraciones de información relacionadas con los movimientos del Presidente. Estas versiones fueron atribuidas a fuentes consultadas por medios nacionales y deben diferenciarse de los argumentos expuestos oficialmente por el Gobierno.

ATE se declaró en alerta y amenaza con medidas de fuerza

La decisión provocó una fuerte reacción de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE). El gremio se declaró en estado de alerta y advirtió que podría avanzar con medidas de fuerza en las próximas horas si el Gobierno no revierte las desvinculaciones.

El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, reclamó la reincorporación de los trabajadores y cuestionó públicamente la decisión del Ejecutivo.

Desde el sindicato sostienen que las cesantías constituyen un ejercicio arbitrario del poder y reclaman que se respete la estabilidad laboral de los empleados estatales.

ATE volvió a reclamar un examen psicofísico para Milei

En medio de la disputa por los despidos, Aguiar volvió a plantear un pedido que ATE ya había realizado días atrás: que el Presidente se someta a un examen médico psicofísico.

El sindicato había presentado el 15 de septiembre un requerimiento para conocer si existe algún examen, junta médica, certificado o dictamen que haya evaluado la aptitud psicofísica del mandatario. ATE sostuvo que, en caso de no existir una evaluación, debería realizarse una que determine únicamente si el Presidente es “apto” o “no apto”, sin solicitar información clínica ni diagnósticos.

En sus declaraciones posteriores a los despidos en Olivos, Aguiar volvió a vincular ambos reclamos y utilizó duras expresiones contra el Presidente. Esas caracterizaciones corresponden al dirigente sindical y no constituyen una evaluación médica independiente.

Una disputa que escala entre el Gobierno y los estatales

El conflicto por la Quinta de Olivos se suma a una serie de enfrentamientos entre ATE y el Gobierno nacional por despidos, reorganizaciones y condiciones laborales dentro de la Administración Pública.

Ahora, el sindicato exige que se dé marcha atrás con las cesantías y mantiene abierta la posibilidad de realizar protestas o medidas de fuerza.

Mientras tanto, el Gobierno avanza con el nuevo esquema y estableció un plazo de 60 días para completar el traspaso de responsabilidades y bienes a Casa Militar.

La reorganización de la Quinta de Olivos abre así un nuevo frente de conflicto entre la administración de Milei y el principal gremio de trabajadores estatales, con los despidos y el nuevo esquema de seguridad presidencial como eje de la disputa.