MEGAOPERATIVO CONTRA LÁZARO BÁEZ: ALLANARON SU CASA, SU CELDA EN EZEIZA Y APUNTAN A SU PAREJA POR LAVADO DE DINERO

La Justicia Federal ordenó 27 allanamientos en Santa Cruz y Buenos Aires en dos investigaciones por presunto narcotráfico y lavado de activos. Claudia Noemí Insaurralde, pareja del empresario, también quedó alcanzada por las medidas judiciales, debido a su presunto papel en la administración de los bienes de Báez. Se secuestraron drogas, documentación y vehículos.

La investigación judicial sobre Lázaro Báez sumó este martes 10 de noviembre un nuevo capítulo con un megaoperativo federal que incluyó 27 allanamientos en distintos puntos de Santa Cruz y Buenos Aires.

Uno de los procedimientos se realizó en la vivienda del empresario ubicada sobre la avenida Costanera Presidente Néstor Kirchner, frente al Lago Argentino, en El Calafate. También fue requisada la celda donde permanece detenido en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza.

Pero uno de los datos más relevantes de la investigación es que las medidas judiciales también alcanzaron a Claudia Noemí Insaurralde, actual pareja de Báez, señalada como una persona que tendría a su cargo la administración de sus bienes.

Claudia Insaurralde, bajo investigación judicial

La pareja de Lázaro Báez quedó comprendida en las actuaciones que buscan determinar cómo se administraban y explotaban distintos bienes y propiedades vinculados con el empresario.

Los investigadores intentan establecer si existía una estructura destinada a mantener activos económicos en funcionamiento y poner en circulación bienes que podrían estar relacionados con fondos de origen ilícito.

En ese contexto, también se investiga la participación de un chofer y otras personas del entorno del empresario.

La situación judicial de Insaurralde es uno de los puntos centrales del expediente. Hasta el momento no se confirmó oficialmente su detención, por lo que su condición de persona alcanzada por la investigación no debe confundirse con una prisión preventiva o un arresto.

Un antecedente que ya había encendido las alarmas

La situación de Insaurralde no es nueva para los investigadores.

En julio de 2025, fiscales que intervenían en la ejecución de las condenas de Báez solicitaron profundizar la investigación sobre su patrimonio.

El episodio que motivó parte de esas sospechas ocurrió durante una visita de Insaurralde al empresario cuando se encontraba detenido en Río Gallegos. Personal penitenciario habría detectado que llevaba un poder firmado por Báez y documentación relacionada con distintas propiedades para que el empresario las firmara.

A partir de ese episodio, se planteó la posibilidad de que algunas operaciones patrimoniales pudieran realizarse a través de terceros para evitar que determinados bienes quedaran alcanzados por las medidas judiciales.

La Justicia buscó entonces reconstruir los bienes registrados a nombre de Insaurralde y analizar su eventual vinculación con el patrimonio del empresario.

Investigan dos organizaciones vinculadas con narcotráfico y lavado

Una de las investigaciones apunta a una presunta organización dedicada al transporte y distribución de cocaína mediante camiones pertenecientes a una empresa transportista.

La hipótesis judicial sostiene que la operatoria habría comenzado al menos en diciembre de 2025 y que dos hombres tendrían responsabilidades en la distribución de los estupefacientes.

También se investiga la posible utilización de un lavadero de camiones como punto de entrega de la droga.

La segunda línea busca determinar si existió una organización destinada a administrar, explotar y poner en circulación activos de origen ilícito, presuntamente vinculados con el patrimonio de Báez.

Uno de los objetivos centrales es establecer si ambas estructuras tenían conexiones entre sí.

Allanaron propiedades, estancias y comercios

Los 27 procedimientos se desplegaron en El Calafate, Río Gallegos, establecimientos rurales y distintos puntos de Buenos Aires.

Entre los lugares alcanzados aparecen propiedades particulares, establecimientos comerciales y empresas. También fueron mencionadas las estancias Alquinta y La Entrerriana.

En Río Gallegos se realizaron procedimientos en el lavadero de camiones Esperanza Trucks y el lubricentro Trucks, ubicados sobre la calle Spilimbergo al 1800.

Como resultado de los operativos se secuestraron estupefacientes, documentación y vehículos considerados de interés para las investigaciones.

Además, se ordenaron embargos, requisas y otras medidas cautelares sobre bienes, junto con el levantamiento del secreto bancario y fiscal de los involucrados.

La Justicia también ingresó a la celda de Báez en Ezeiza

El operativo incluyó una requisa en el lugar donde permanece alojado el empresario en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza.

La medida busca obtener elementos que permitan determinar si Báez continuaba teniendo intervención en la administración de sus negocios y propiedades pese a encontrarse privado de la libertad.

La investigación está a cargo de la Justicia Federal de Río Gallegos, con intervención del fiscal federal Julio Zárate y de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), encabezada por Diego Velasco.

Los procedimientos fueron autorizados por el juez federal de garantías Claudio Marcelo Vázquez.

Lázaro Báez cumple una condena de 15 años

El empresario permanece detenido y cumple una pena unificada de 15 años de prisión por las causas Ruta del Dinero K y Vialidad.

En junio de 2025 regresó a una unidad penitenciaria federal después de que quedara firme su condena por lavado de activos agravado.

Además, participa del juicio oral por Hotesur y Los Sauces, iniciado en octubre de 2026.

Una investigación que puede tener nuevas consecuencias

El megaoperativo abre una nueva etapa en las investigaciones sobre el patrimonio de Lázaro Báez y las personas que habrían intervenido en su administración.

La posible conexión entre el narcotráfico, el movimiento de activos y la explotación de propiedades constituye uno de los principales objetivos de los investigadores.

La situación de Claudia Insaurralde adquiere especial relevancia por su presunto papel en el manejo de los bienes del empresario. Ahora la Justicia deberá determinar qué responsabilidades tuvo cada una de las personas alcanzadas por las medidas y si existieron maniobras destinadas a ocultar o mantener activos fuera del alcance de las condenas.

Las investigaciones continúan y las responsabilidades penales deberán ser determinadas judicialmente.