Malvinas: Tierra del Fuego pidió derogar el tratado de inversiones con el Reino Unido

En medio de la escalada por la explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas, Tierra del Fuego pidió al Congreso avanzar con la derogación de la Ley 24.184, que aprobó el acuerdo de promoción y protección de inversiones entre Argentina y el Reino Unido. El reclamo se suma a las nuevas medidas impulsadas por el Gobierno nacional.

El secretario de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales de Tierra del Fuego, Andrés Dachary, reclamó al Congreso de la Nación que avance con la derogación de la Ley 24.184, que aprobó el Convenio entre Argentina y el Reino Unido para la promoción y protección de inversiones.

El planteo aparece en un momento de fuerte tensión diplomática por las actividades hidrocarburíferas desarrolladas en el área de las Islas Malvinas. La iniciativa petrolera Sea Lion, impulsada por Navitas Petroleum y Rockhopper, se encuentra en el centro de la disputa por la explotación de recursos naturales en la zona.

Dachary cuestionó la continuidad del acuerdo de inversiones y planteó que su vigencia debe ser revisada a partir de la disputa de soberanía existente entre ambos países. El funcionario fueguino sostuvo que mantener este tipo de instrumentos genera un problema estratégico para la posición argentina sobre Malvinas.

El Gobierno nacional amplió las sanciones por las actividades hidrocarburíferas

El reclamo de Tierra del Fuego se conoció mientras el Gobierno de Javier Milei profundiza su ofensiva contra las empresas que participan de actividades hidrocarburíferas en el área que Argentina considera parte de su plataforma continental.

Este martes 8 de septiembre, la Oficina del Presidente informó el inicio de procedimientos sancionatorios contra otros 15 sujetos, entre personas y empresas. La medida se suma a los expedientes iniciados anteriormente contra 45 sujetos por presuntas violaciones a la Ley 26.659, que establece restricciones para actividades hidrocarburíferas sin autorización argentina.

Además, el Gobierno nacional presentó una denuncia penal contra empresas vinculadas con Navitas Petroleum, entre ellas Navitas Petroleum Development & Production Ltd., Navitas Petroleum Atlantic United, Navitas Petroleum LP, JHI Associates Inc. y Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd. La denuncia apunta a actividades relacionadas con la exploración y explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte.

La disputa por el petróleo vuelve a ocupar el centro de la agenda

El conflicto está relacionado principalmente con el proyecto Sea Lion, que contempla el desarrollo de producción de petróleo en aguas próximas a las Islas Malvinas. Navitas posee la participación mayoritaria del proyecto, mientras que Rockhopper, compañía británica, mantiene el resto. La producción está proyectada para comenzar en 2028.

El Gobierno argentino sostiene que las actividades hidrocarburíferas realizadas en la zona sin autorización nacional violan la legislación argentina y afectan los derechos de soberanía reclamados sobre las islas y los espacios marítimos circundantes.

El Decreto 868/2026, publicado el 4 de septiembre, reglamentó mecanismos vinculados con la aplicación de la Ley 26.659 y estableció procedimientos para sancionar actividades hidrocarburíferas consideradas ilegales por el Estado argentino. La norma contempla incluso inhabilitaciones de entre cinco y veinte años para quienes incumplan las prohibiciones establecidas por la legislación.

Reino Unido volvió a rechazar el reclamo argentino

La escalada también tuvo una respuesta desde Londres. Este martes, la ministra británica de Exteriores Kirsty McNeill afirmó ante legisladores que no existe ninguna duda sobre la posición del Reino Unido respecto de las Islas Malvinas y ratificó el respaldo británico a los habitantes del archipiélago.

De esta manera, el pedido de Tierra del Fuego para revisar el tratado bilateral de inversiones se incorpora a una discusión que ahora abarca soberanía, inversiones, explotación de hidrocarburos, sanciones y relaciones diplomáticas entre Argentina y el Reino Unido.

El reclamo de Dachary pone nuevamente bajo discusión un acuerdo bilateral firmado después del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países y aprobado por el Congreso argentino mediante la Ley 24.184.

La cuestión Malvinas vuelve así a ocupar un lugar central en la agenda nacional, mientras Argentina profundiza sus acciones administrativas y judiciales contra las empresas vinculadas con la explotación de recursos naturales en el área en disputa.