Ley de Manejo del Fuego: preocupación en la Patagonia por los cambios que impulsa el Gobierno

La discusión por una posible modificación de la Ley de Manejo del Fuego volvió a generar preocupación en la Patagonia. Desde el SPLIF Río Negro cuestionaron los cambios que impulsaba el Gobierno nacional, mientras el Senado retiró del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada el capítulo referido a la normativa sobre incendios.

La Ley de Manejo del Fuego volvió al centro de la discusión política y ambiental en la Patagonia. El debate se reactivó a partir de las modificaciones impulsadas por el Gobierno nacional y de las advertencias formuladas desde organismos que intervienen directamente en la prevención y combate de incendios forestales.

Desde el Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF) de Río Negro, su jefe, Orlando Báez, manifestó preocupación por los cambios que se pretendían introducir en la legislación. Entre los principales puntos cuestionados aparece la posibilidad de flexibilizar las restricciones sobre el uso de tierras afectadas por incendios.

El Senado retiró el capítulo sobre manejo del fuego

El capítulo referido a la Ley de Manejo del Fuego fue retirado del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada durante su tratamiento en el Senado. La Cámara alta aprobó la iniciativa en general por 37 votos contra 33, pero eliminó los capítulos III y IV, vinculados respectivamente con la compra de tierras por extranjeros y con modificaciones a la normativa de incendios.

La modificación legislativa generó cuestionamientos porque contemplaba cambios sobre las restricciones existentes para el cambio de uso de tierras después de un incendio. El debate se produjo en un contexto marcado por los incendios forestales que afectaron durante los últimos años a distintas zonas de la Patagonia.

Uno de los puntos que generó mayor preocupación está relacionado con la protección de los terrenos quemados. La normativa vigente establece restricciones para evitar que un incendio pueda transformarse en un mecanismo para modificar el destino de una superficie y posteriormente habilitar otros usos.

Preocupación por el destino de las tierras incendiadas

Desde el SPLIF señalaron que cualquier modificación debe contemplar las características particulares de los incendios forestales en la Patagonia, además de fortalecer las herramientas de prevención, investigación y sanción.

Báez también planteó la necesidad de avanzar sobre las responsabilidades de quienes provocan incendios, tanto de manera intencional como por negligencia. Para el organismo rionegrino, la discusión no debería limitarse al destino de los terrenos después de un incendio, sino incorporar medidas destinadas a reducir el riesgo y mejorar la respuesta ante las emergencias.

El funcionario también puso el foco en las condiciones de trabajo de los brigadistas forestales, quienes participan directamente en el combate de incendios y quedan expuestos a situaciones de riesgo. En ese marco, reclamó avances en materia laboral y previsional para el sector.

Una discusión que sigue abierta

Aunque el capítulo sobre manejo del fuego fue eliminado del proyecto aprobado por el Senado, la discusión sobre una eventual modificación de la legislación continúa abierta. El tratamiento parlamentario dejó en evidencia que el tema genera diferencias entre el Gobierno nacional, las provincias, organismos especializados, organizaciones ambientales y distintos sectores de la Patagonia.

El Senado dejó así fuera de la media sanción los cambios sobre manejo del fuego, pero el debate podría retomarse en otro proyecto o durante futuras discusiones legislativas. Por eso, en la Patagonia se mantiene la atención sobre cualquier nueva iniciativa que pueda modificar las condiciones de protección de las tierras afectadas por incendios.

Para Río Negro y las provincias cordilleranas, el debate tiene un impacto directo sobre la prevención de incendios, la protección de bosques y la recuperación de los territorios afectados. La discusión también vuelve a poner en agenda el financiamiento, los recursos disponibles y las condiciones de quienes integran los sistemas de emergencia forestal.