Kicillof acusó a Milei de gobernar con «extorsión política» y de avanzar contra el federalismo

El gobernador bonaerense cuestionó la relación del Gobierno nacional con las provincias, denunció el recorte de recursos y afirmó que la Nación utiliza la presión económica como herramienta de negociación política.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, volvió a cuestionar con dureza al presidente Javier Milei al publicar una columna de opinión en la que acusó al Gobierno nacional de ejercer «extorsión política» sobre las provincias mediante el recorte de fondos y la paralización de obras públicas.

Según sostuvo el mandatario bonaerense, la administración nacional impulsa una estrategia para debilitar financieramente a los gobiernos provinciales y condicionar sus decisiones políticas y legislativas, concentrando cada vez más poder en la Casa Rosada.

Críticas al ajuste y al reparto de recursos

Kicillof afirmó que el ajuste implementado por el Ejecutivo nacional traslada a las provincias el costo de sostener servicios esenciales como salud, educación, seguridad e infraestructura, áreas que dependen de las administraciones provinciales.

Además, advirtió que la reducción de transferencias compromete el funcionamiento de los distritos y termina afectando de manera directa a los ciudadanos. En ese sentido, aseguró que el equilibrio fiscal no puede alcanzarse mediante el desfinanciamiento de las provincias.

Defensa del federalismo

En su análisis, el gobernador planteó que la disputa con la Nación trasciende una discusión presupuestaria y representa un debate sobre el modelo de país. Por ese motivo, defendió el sistema federal y sostuvo que las provincias no deben quedar subordinadas a decisiones unilaterales del Poder Ejecutivo nacional.

Las declaraciones se producen en medio de un clima de creciente tensión entre la Casa Rosada y varios gobernadores por la distribución de recursos, la continuidad de las obras públicas y el tratamiento de proyectos en el Congreso. En las últimas semanas, Kicillof ya había acusado al Gobierno nacional de buscar respaldo legislativo mediante presión económica sobre las provincias, una práctica que calificó como «extorsión» y no como una negociación política.