Frenan la venta de terrenos frente al glaciar Perito Moreno autorizada por Claudio Vidal

La Justicia Federal ordenó suspender provisoriamente la transferencia de dos parcelas de la Península de Magallanes, en Santa Cruz, donde se proyectaba un emprendimiento turístico. La medida busca preservar los terrenos hasta que se defina qué tribunal debe resolver la controversia.

La Justicia Federal ordenó frenar provisoriamente la venta de tierras ubicadas frente al glaciar Perito Moreno, en la provincia de Santa Cruz, donde se proyectaba desarrollar un emprendimiento turístico de lujo. La medida alcanza a dos parcelas de la Península de Magallanes y fue dispuesta mientras se determina qué tribunal deberá intervenir en el conflicto.

La resolución fue dictada por el juez federal Claudio Marcelo Vázquez, quien ordenó al Registro de la Propiedad Inmueble abstenerse de realizar transferencias de dominio sobre los terrenos identificados como G2 y G3.

La decisión no anula la operación inmobiliaria ni declara su ilegalidad. Se trata de una restricción provisoria destinada a evitar cambios en la titularidad de las tierras hasta que se resuelva la competencia judicial.

El caso generó cuestionamientos por la ubicación de los terrenos, próximos a uno de los principales atractivos naturales de la Patagonia, y por las condiciones en las que se autorizó la operación.

Cómo se originó el conflicto por las tierras

La controversia comenzó con el Decreto Provincial 915/2026, firmado por el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, que autorizó una excepción para concretar la operación inmobiliaria.

La disposición habilitó a la empresa Lacustre del Sud S.A. a vender los terrenos a ASB Hospitality Calafate S.A.U., una sociedad constituida recientemente en Argentina.

Según la información difundida sobre el proyecto, el emprendimiento estaba orientado al turismo de alto poder adquisitivo y contemplaba tarifas que podrían alcanzar los 2.000 dólares por noche. La iniciativa también abrió interrogantes sobre sus posibles efectos en la actividad turística y económica de localidades como El Calafate.

Por qué la Justicia intervino en la operación

La medida se originó a partir de un amparo judicial presentado por los diputados provinciales Agostina Mora Doldán y Carlos Alegría, junto con otros legisladores y el Centro de Estudios Estratégicos en Justicia y Sociedad.

Los demandantes cuestionaron el decreto provincial y plantearon objeciones vinculadas con el régimen de tierras rurales, la protección territorial y la derogación de la Ley Nacional de Tierras mediante el artículo 154 del DNU 70/2023.

Al analizar el expediente, el juez consideró necesario preservar la situación registral de los inmuebles hasta determinar qué tribunal debe resolver la controversia. Por ese motivo, dispuso que no se realicen cambios de titularidad sobre las parcelas involucradas.

La posible intervención de la Corte Suprema

En su resolución, el magistrado señaló que el conflicto involucra no solo a los demandantes y al Estado nacional, sino también al Gobierno de Santa Cruz y a las empresas que participan de la compraventa.

Por esa razón, consideró que deben intervenir la provincia y las firmas Lacustre del Sud S.A. y ASB Hospitality Calafate S.A.U. Ante la presencia de intereses del Estado nacional y de una provincia, entendió que la causa corresponde a la competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

La definición sobre el tribunal competente será determinante para establecer cómo continúa el expediente y dónde se analizarán los cuestionamientos planteados contra la operación.

Qué puede pasar con las tierras frente al glaciar

Desde los sectores que impulsaron el amparo destacaron que la resolución impide avanzar con la transferencia de los terrenos mientras continúa el proceso judicial. La diputada provincial Agostina Mora Doldán señaló que la decisión representa una restricción sobre la operación, aunque todavía no resuelve las objeciones de fondo.

Entre los planteos de los demandantes figuran las posibles consecuencias ambientales del proyecto, el uso del territorio y la protección de una zona de relevancia natural y turística.

Por el momento, las parcelas G2 y G3 de la Península de Magallanes permanecen alcanzadas por la restricción judicial. La medida no define la legalidad de la compraventa, sino que mantiene la situación actual hasta que se determine cómo seguirá la causa.