Epuyén: piden apartar al director y a la vicedirectora de la Escuela 774 tras la polémica por una tarea enviada a un alumno con la mandíbula fracturada

La familia de un estudiante que sufrió una fractura de mandíbula durante una agresión dentro de la Escuela Secundaria N.º 774 de Epuyén reclama la separación preventiva de las autoridades del establecimiento. El cuestionamiento apunta a una actividad escolar que le solicitaba investigar las consecuencias de los golpes, consultar a profesionales de la salud y elaborar una producción audiovisual sobre una situación similar a la que había atravesado.

Un grave conflicto sacude a la comunidad educativa de Epuyén y pone bajo cuestionamiento la actuación de las autoridades de la Escuela Secundaria N.º 774. La familia de un adolescente que sufrió una fractura de mandíbula tras ser agredido dentro del establecimiento denunció una presunta situación de revictimización por parte de la institución.

El reclamo se originó luego de que el estudiante recibiera una actividad denominada «Actividad de convivencia con participación familiar», fechada el 29 de octubre de 2026, en la que debía desarrollar diferentes consignas relacionadas con la violencia física, las lesiones provocadas por golpes y sus consecuencias legales y emocionales.

La familia considera que el contenido del trabajo resulta especialmente grave porque obliga al adolescente a investigar y profundizar sobre una experiencia traumática que él mismo habría atravesado dentro de la escuela.

Qué decía el trabajo práctico que recibió el estudiante

El documento escolar plantea, como punto de partida, un caso ficticio de dos estudiantes que mantienen un conflicto y terminan protagonizando una agresión física. En el relato, uno de ellos recibe un golpe en el rostro, debe concurrir al hospital y posteriormente se organiza una trayectoria escolar semipresencial alternada para ambos involucrados.

A partir de esa situación, el alumno debía elaborar un informe o una entrevista ficticia, incorporando reflexiones sobre la violencia, las emociones y la convivencia escolar.

Sin embargo, las consignas iban mucho más allá de una actividad teórica.

En Biología debía investigar las posibles lesiones provocadas por un golpe de puño en el rostro. Física, Química y Matemática debían abordar la fuerza, la velocidad y el impacto del golpe, mientras que Lengua y Literatura se ocupaba de la elaboración y presentación del trabajo.

Además, se le solicitaba consultar a un médico generalista del hospital sobre los tratamientos posibles ante lesiones leves, graves y gravísimas, las eventuales secuelas físicas y el daño emocional que puede sufrir una persona agredida.

Le solicitaban concurrir al hospital y al Servicio de Protección de Derechos

Otro apartado de la actividad exigía acercarse al Servicio de Protección de Derechos para consultar sobre las responsabilidades legales de los menores de 18 años ante situaciones de violencia.

Entre las preguntas se incluían las posibles medidas reparadoras, el acompañamiento que reciben los adolescentes y las consecuencias que pueden tener los actos de violencia física en la vida adulta.

El trabajo también incorporaba una sección destinada a consultar en la Policía sobre denuncias por agresiones, posibles delitos, antecedentes y responsabilidades económicas de los padres o tutores. Sin embargo, en la copia del documento aparece una anotación manuscrita junto a ese apartado que indica: «No hacer».

La actividad establecía que el estudiante debía solicitar turnos en las instituciones correspondientes y obtener firmas y sellos para acreditar su asistencia.

Como cierre, se le pedía elaborar un podcast o un corto audiovisual con una reflexión sobre lo trabajado, para compartirlo con la comunidad y generar conciencia.

El reclamo de la familia y el pedido de apartamiento

La familia cuestionó la decisión de las autoridades escolares y solicitó la separación preventiva del director y la vicedirectora de la Escuela 774.

En su presentación denunció presuntos incumplimientos de deberes, vulneración de los derechos de la niñez, estigmatización pedagógica y presunta falsedad ideológica.

La documentación difundida lleva las firmas de las autoridades escolares y cuenta con una certificación del Juzgado de Paz de Epuyén, realizada el 5 de noviembre de 2026.

El reclamo fue presentado ante el Ministerio de Educación de Chubut y la Supervisión Escolar de la Región I.

La intervención de la Fiscalía de Lago Puelo

De acuerdo con la denuncia familiar, la agresión que provocó la fractura de mandíbula se encuentra bajo investigación de la Fiscalía de la Circunscripción Lago Puelo.

El caso está identificado con el Legajo Fiscal 8505.

La presentación busca que se investigue tanto el episodio de violencia ocurrido dentro del establecimiento como la posterior actuación institucional frente a la situación del adolescente.

Por el momento, corresponde diferenciar los cuestionamientos formulados por la familia de las responsabilidades que eventualmente puedan determinar las autoridades competentes.

La convivencia escolar y el derecho a no ser revictimizado

El caso vuelve a poner en discusión la responsabilidad de las instituciones educativas frente a situaciones de violencia entre estudiantes y la necesidad de garantizar espacios seguros.

La intervención escolar no debería limitarse a resolver un conflicto disciplinario. También debe contemplar la integridad física y emocional de quienes resultan afectados, el acompañamiento de sus familias y la protección de sus trayectorias educativas.

En Chubut, la Resolución 711/2023 del Ministerio de Educación estableció una guía de intervención ante situaciones de violencia en el ámbito escolar. Entre sus lineamientos se encuentran el resguardo de los estudiantes, la asistencia médica cuando corresponde, la comunicación con las familias y la preservación de la identidad y la intimidad de los involucrados.

La discusión que se abrió en Epuyén plantea una pregunta central: ¿puede una actividad pedagógica convertirse en una nueva situación de sufrimiento para un estudiante que todavía atraviesa las consecuencias de una agresión?

Mientras la familia reclama respuestas y medidas preventivas, la comunidad educativa espera que se esclarezca lo ocurrido y se garantice que la escuela sea un espacio de protección, respeto y contención para todos sus estudiantes.

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