Dina Huapi: una empresa con el CUIT inactivo facturó $54 millones por una obra municipal

El Tribunal de Contralor observó la situación fiscal de una firma contratada para construir el Polideportivo II de Dina Huapi. Las contrataciones cuestionadas superan los $683 millones y el intendente Hugo Cobarrubia rechazó las acusaciones de irregularidades.

La construcción del nuevo Polideportivo II de Dina Huapi quedó en el centro de una controversia por las contrataciones directas realizadas por el municipio. Un informe del Tribunal de Contralor advirtió posibles irregularidades administrativas y puso el foco en la situación tributaria de una de las empresas proveedoras, que habría facturado $54 millones a la Municipalidad pese a registrar el CUIT inactivo, según el dictamen contable citado en el documento.

El caso involucra a Blocal SAS, una firma contratada por $216 millones para trabajos vinculados con la obra. De acuerdo con las observaciones del organismo de control, la empresa inició actividades en junio de 2023, pero emitió sus primeras facturas recién en noviembre de 2025, dirigidas al municipio de Dina Huapi por $54 millones cada una.

Contrataciones por más de $683 millones bajo la lupa

Las observaciones no se limitan a una sola empresa. Según el informe, el Ejecutivo municipal realizó contrataciones directas vinculadas con el Polideportivo II por un total superior a los $683 millones.

Entre las operaciones señaladas figuran contratos con Blocal SAS por $216 millones, con la firma RLB por $77 millones y con Ever Juan de los Santos López por $390 millones.

El Tribunal de Contralor también formuló observaciones sobre los procedimientos administrativos y la documentación respaldatoria de las contrataciones. Entre los puntos cuestionados aparece la presunta falta de dictámenes previos y la ausencia de documentación relacionada con las licitaciones públicas que, según el municipio, quedaron desiertas.

El reclamo llegó al Concejo Municipal

El concejal Gabriel Páez cuestionó los procedimientos utilizados para contratar los trabajos y sostuvo que podrían haberse incumplido disposiciones de las ordenanzas locales y de la Carta Orgánica Municipal.

El edil también planteó la posibilidad de un fraccionamiento de las contrataciones y solicitó explicaciones sobre los mecanismos utilizados para adjudicar las tareas. El informe del Tribunal de Contralor, firmado por los tres integrantes del organismo, fue remitido al Concejo Municipal para su análisis.

En ese ámbito se prevé profundizar la revisión de los antecedentes administrativos y solicitar información adicional para determinar si las operaciones se ajustaron a las normas vigentes.

Qué respondió el intendente de Dina Huapi

El intendente Hugo Cobarrubia rechazó las sospechas y defendió las contrataciones realizadas por su gestión. Según explicó, el municipio recurrió a la contratación directa después de convocar a dos licitaciones públicas en las que no se presentaron oferentes.

El jefe comunal aseguró que los procedimientos se realizaron dentro de la normativa y de los márgenes presupuestarios permitidos. También sostuvo que la documentación económica está disponible para su revisión y que la obra cuenta con una inspección técnica externa.

Cobarrubia vinculó los cuestionamientos con el escenario político y consideró que, si existieran elementos suficientes para sostener las acusaciones, deberían presentarse ante la Justicia.

Una obra de $2.300 millones

El Polideportivo II es uno de los proyectos de infraestructura previstos por la Municipalidad de Dina Huapi. La obra contempla una superficie superior a los 2.000 metros cuadrados y una inversión total estimada en $2.300 millones, que el Ejecutivo prevé financiar con recursos propios.

Mientras continúan los trabajos, las observaciones del Tribunal de Contralor abrieron una discusión institucional sobre la transparencia de las contrataciones y el uso de los fondos públicos.

Por el momento, los cuestionamientos corresponden a observaciones administrativas y posibles incumplimientos que deberán ser analizados. No implican, por sí solos, que se haya comprobado la comisión de un delito.