Caso Virginia Aparicio: irá a la Justicia para intentar revertir su expulsión del INTA

La investigadora fue expulsada del organismo tras la resolución de un sumario administrativo vinculado con su participación en el proyecto internacional SPRINT, que estudió la exposición a agrotóxicos. Su abogado, Mario Bolla, prepara recursos administrativos y una presentación judicial para intentar revertir la sanción.

La investigadora Virginia Aparicio fue exonerada del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y su defensa buscará revertir la medida por la vía administrativa y judicial. Según informó La Izquierda Diario, su abogado, Mario Bolla, fue notificado de la resolución el martes 27 de octubre y prepara una presentación ante la Justicia Federal de Mar del Plata.

Aparicio estuvo a cargo de los estudios realizados en Argentina en el marco del proyecto internacional SPRINT, financiado por la Unión Europea, que investigó la exposición a agrotóxicos mediante muestras ambientales, humanas y de animales. Según la información publicada por el medio, después de la difusión de los primeros resultados, el INTA intentó retirarse de la investigación y sancionar a quienes participaron.

La exoneración implica la expulsión del organismo y, de acuerdo con lo señalado en la publicación, la inhabilitación para trabajar en otros organismos del Estado, como el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). La defensa cuestiona la legalidad del procedimiento y sostiene que las imputaciones no justifican una sanción de esa magnitud.

Qué cuestiona la defensa sobre el sumario del INTA

Bolla señaló que el expediente presenta inconsistencias en la formulación de los cargos. Según explicó al medio, al inicio del sumario se formularon ocho cargos, uno de ellos con tres subcargos, que sumaban once imputaciones. Sin embargo, algunos cuestionamientos dejaron de figurar en la resolución final.

Entre los puntos que ya no aparecen mencionó las acusaciones relacionadas con una supuesta intervención en cuestiones sanitarias y la falta de comunicación a las autoridades de Salud. El abogado también cuestionó la incorporación de argumentos sobre los que, según sostuvo, la defensa no tuvo oportunidad de responder durante el procedimiento.

Otro aspecto señalado es la diferencia entre las sanciones propuestas para los involucrados. Según Bolla, a un bioquímico relacionado con el caso le solicitaron 25 días de suspensión, mientras que a Aparicio le aplicaron la exoneración, pese a que parte de las imputaciones y de las normas invocadas serían similares.

El proyecto SPRINT y las controversias por los agrotóxicos

La publicación sostiene que el informe final del sumario se concentró en aspectos formales y administrativos y no demostró que Aparicio hubiera falseado resultados ni se hubiera apropiado de fondos. También señala que las objeciones estuvieron relacionadas con el envío de muestras al exterior y el tratamiento de muestras humanas.

De acuerdo con lo expuesto por Bolla, el INTA conocía los procedimientos cuando aceptó participar del proyecto internacional. La defensa también sostiene que, cuando el organismo planteó desacuerdos sobre la metodología de las muestras humanas, desde el consorcio europeo respondieron que ese aspecto estaba contemplado desde el inicio y que las actividades se habían desarrollado conforme a los protocolos acordados.

El abogado prevé utilizar correspondencia entre el INTA y Wageningen University para respaldar sus argumentos. Estas afirmaciones forman parte de los cuestionamientos de la defensa al procedimiento administrativo.

Cómo seguirá el reclamo judicial de Virginia Aparicio

Tras la notificación, la defensa dispone de veinte días hábiles para presentar los recursos administrativos de reconsideración y jerárquico en subsidio. Estas presentaciones deben tramitarse ante las autoridades del propio INTA antes de avanzar con la instancia judicial, según explicó el abogado.

Bolla prepara una presentación ante la Justicia Federal de Mar del Plata para solicitar la anulación de lo actuado y una medida cautelar de no innovar que permita a Aparicio conservar su puesto mientras se resuelve el conflicto. Según la información publicada, la investigadora continúa concurriendo a trabajar.

El caso también involucra las condiciones en las que desarrolla sus tareas. La publicación señala que Aparicio enfrenta restricciones para acceder a equipamiento adquirido por el INTA, incluidos cromatógrafos destinados a su área, y describe un escenario de aislamiento laboral que se prolongaría desde 2023.

Reclamos por la ciencia pública y la libertad de investigación

La defensa de Aparicio reúne adhesiones de organizaciones científicas, ambientales y sociales para acompañar la presentación judicial. La controversia se desarrolla en un contexto de reestructuración del INTA, retiros voluntarios y propuestas de venta de tierras del organismo, medidas que, según la publicación, generan cuestionamientos sobre su capacidad de investigación y su función pública.

Además del reclamo individual, organizaciones y sectores vinculados con la ciencia plantean la necesidad de discutir las consecuencias del caso para la libertad de investigación y el desarrollo de estudios sobre los efectos de los agrotóxicos en la salud y el ambiente.

Para el sábado 31 está prevista una reunión virtual con organizaciones y asambleas territoriales, con el objetivo de coordinar acciones de acompañamiento. La defensa también busca que se pronuncien instituciones científicas y universitarias.

En ese contexto, Aparicio resumió su postura con una frase citada en la publicación: “a la ciencia se le responde con más ciencia”. La estrategia judicial buscará ahora cuestionar la sanción y definir si corresponde anular el procedimiento administrativo.