Aumento del gas: Luque pidió informes por un nuevo cargo del 35% que alcanzaría a usuarios de la Patagonia

El diputado nacional Juan Pablo Luque presentó un pedido de informes al Gobierno Nacional por el mecanismo que prevé trasladar a los usuarios el repago de créditos tomados por Camuzzi Gas del Sur para financiar obras del gasoducto Cordillerano-Patagónico. El cargo propuesto equivaldría al 35% del cargo fijo y alcanzaría a más de 32 mil usuarios de Chubut.

El diputado nacional Juan Pablo Luque presentó ante la Cámara de Diputados un pedido de informes al Poder Ejecutivo Nacional para conocer detalles sobre el mecanismo dispuesto por el ENREGE para trasladar a los usuarios el repago de créditos tomados por Camuzzi Gas del Sur para financiar obras del gasoducto Cordillerano-Patagónico.

La Resolución ENREGE N.º 575/2026, publicada el 8 de septiembre, abrió una consulta pública para determinar un cargo específico destinado a cancelar esos créditos. Según la información difundida, el mecanismo alcanzaría a 126.711 usuarios de 25 localidades de Chubut, Río Negro y Neuquén.

En Chubut, la medida afectaría a más de 32 mil usuarios de la cordillera, precordillera y Comarca Andina. Entre las localidades alcanzadas se encuentran Esquel, con 14.176 usuarios; Trevelin, con 3.946; Lago Puelo, con 3.816; El Hoyo, con 1.450; El Maitén, con 1.860; Cholila, con 1.013; Epuyén, con 772; Tecka, con 606; Corcovado, con 729; Gobernador Costa, con 1.106; José de San Martín, con 776; Río Mayo, con 1.270; Alto Río Senguerr, con 659; y Río Pico, con 482.

“No podemos aceptar que, una vez más, sean los usuarios más vulnerables los que terminen pagando los costos de decisiones financieras que no tomaron. Estamos hablando de un servicio esencial para miles de familias patagónicas, en una región donde el gas no es un lujo ni un consumo optativo: es una necesidad básica”, sostuvo Luque.

El pedido de informes y el costo de los créditos

El pedido presentado por el diputado pone el foco en la estructura financiera de la operación. De acuerdo con la documentación del ENREGE, el capital desembolsado fue de $25.800 millones, mientras que la capitalización de intereses e IVA durante el período de gracia llevó el monto a $35.111 millones antes del inicio de la amortización. Esto representa una diferencia de $9.311 millones.

A ese monto se agregarán los intereses correspondientes a las 48 cuotas de amortización, además de gastos, comisiones e impuestos. El cargo específico propuesto equivaldría al 35% del cargo fijo correspondiente a cada categoría tarifaria.

“Quiero saber quién decidió este esquema, por qué se eligió una tasa variable, qué alternativas se evaluaron y cuánto terminarán pagando realmente las familias chubutenses. Si el Estado puso los equipos y durante años se demoraron las obras, no podemos mirar para otro lado cuando ahora se pretende trasladar el costo financiero a los usuarios”, cuestionó Luque.

El proyecto también solicita información sobre el impacto diferencial del cargo en localidades de la meseta central chubutense, entre ellas Gobernador Costa, José de San Martín, Río Mayo, Río Pico, Tecka y Alto Río Senguerr. Según lo planteado, el mecanismo aplicaría el cargo de manera uniforme y sin medidas específicas de atenuación para los usuarios más vulnerables.

Cuestionamientos al plazo de la consulta pública

Luque también cuestionó el plazo de 15 días hábiles establecido para la consulta pública, teniendo en cuenta la complejidad técnica y financiera de la medida, la cantidad de usuarios alcanzados y las dificultades de conectividad existentes en distintas localidades de la meseta y la cordillera chubutense.

“Antes de cargar otro costo sobre las familias patagónicas, necesitamos transparencia, información y respuestas. El gas es un servicio esencial y los usuarios no pueden ser la variable de ajuste de una ingeniería financiera que todavía no está suficientemente explicada”, concluyó Juan Pablo Luque.