La Justicia federal suma nuevos elementos en una causa que analiza contratos, pagos y posibles vínculos entre funcionarios y empresas privadas.
La denuncia contra Manuel Adorni fue ampliada en la Justicia federal con nueva documentación que refuerza la investigación sobre un presunto esquema de contrataciones irregulares en medios públicos. La presentación incorpora elementos que surgieron tras el levantamiento del secreto fiscal y bancario.
El escrito sostiene que “aporta nuevos elementos de relevancia para el esclarecimiento de los hechos denunciados”, a partir de contratos, transferencias y comprobantes de pago que fueron agregados al expediente.
Entre los puntos centrales aparece un supuesto vínculo entre la Televisión Pública y la productora Imhouse S.A., relacionada con el periodista Marcelo Grandío, señalado como allegado al funcionario.
La causa tomó impulso con la incorporación de información financiera que permitió reconstruir parte de los movimientos vinculados a las contrataciones bajo análisis.
Contratos, coproducciones y presunta triangulación
Uno de los ejes de la investigación es la firma de seis contratos de coproducción entre Radio y Televisión Argentina (RTA) e Imhouse S.A. La Justicia busca determinar “si el funcionario benefició a su amigo con contratos en la Televisión Pública y si existió un presunto circuito de retornos”.
En ese contexto, la denuncia describe una posible operatoria indirecta. Según el documento, “la contratación no fue directa, sino que se instrumentó mediante una triangulación a través de Imhouse S.A.”, lo que habría evitado que el periodista figure dentro de la estructura estatal.
También se señala un incremento en los montos contratados. El escrito advierte “la evolución ascendente de los montos a lo largo del tiempo”, con un cambio desde valores globales por ciclo hacia cifras más elevadas por capítulo.
Este aumento se habría dado en paralelo a un contexto de ajuste presupuestario en los medios públicos, lo que forma parte del análisis de la causa.
Transferencias y un viaje bajo análisis
Otro punto incorporado al expediente son transferencias bancarias registradas entre la empresa vinculada a Grandío y Adorni. Se trata de diez operaciones realizadas entre diciembre de 2022 y diciembre de 2023 por un total de $1.670.900.
La Justicia intenta establecer “en concepto de qué fueron realizados esos pagos”, ya que las operaciones se produjeron antes de que el funcionario asumiera su cargo.
Además, se sumaron datos sobre un viaje a Punta del Este. Según la presentación, uno de los tramos “fue concretado por Imhouse S.A.”, pese a que el funcionario había indicado públicamente haberlo abonado.
Para el denunciante, estos elementos permiten advertir “prima facie la posible configuración de un esquema de beneficio indebido”.
Medidas de prueba y avance judicial
La ampliación de la denuncia solicita nuevas medidas de prueba, entre ellas pedidos de información a RTA, al organismo recaudador ARCA y a las empresas involucradas.
También se requiere la citación a declaración indagatoria de Adorni, en el marco del avance de la investigación.
El escrito concluye que se trata de “un cuadro de máxima gravedad institucional que exige ser esclarecido con toda la profundidad que el caso amerita”, mientras la causa continúa en la Justicia federal.
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