Tensión por la Ley de Tierras: buscan voltear el DNU 70 y el Gobierno mueve sus fichas

Tras el fallo de la Corte Suprema que dejó vigente la derogación de la Ley de Tierras, distintos bloques de Diputados buscan convocar a una sesión especial para rechazar el DNU 70/2023. El oficialismo analiza alternativas para sostener el nuevo régimen sobre la propiedad rural.

La Ley de Tierras volvió a quedar en el centro de la agenda política nacional después de que la Corte Suprema de Justicia revocara el fallo que había frenado la derogación de la Ley 26.737 mediante el DNU 70/2023.

La decisión del máximo tribunal hizo que vuelva a estar vigente el artículo 154 del DNU 70, que derogó el Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de Tierras Rurales. La Corte, sin embargo, no se pronunció sobre la constitucionalidad del artículo: rechazó la demanda iniciada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) por considerar que la organización no tenía legitimación para promover esa acción.

La oposición busca llevar el DNU al recinto

A partir del fallo, bloques de Unión por la Patria, Provincias Unidas, la Coalición Cívica, el Frente de Izquierda y otros sectores opositores comenzaron a coordinar una estrategia para intentar rechazar el DNU 70/2023 en la Cámara de Diputados.

El jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, planteó la necesidad de avanzar con una sesión especial. Entre las fechas que se analizan aparecen el 7 y el 14 de octubre, aunque hasta este miércoles no había una convocatoria formal.

El decreto ya había sido rechazado por el Senado en marzo de 2024, pero Diputados no consiguió entonces los votos necesarios para avanzar con el rechazo. Para que el DNU quede definitivamente sin efecto mediante el mecanismo de control parlamentario, deberá ser rechazado por ambas cámaras.

Qué cambia con la derogación de la Ley de Tierras

La Ley 26.737, sancionada en 2011, establecía un régimen específico para limitar la titularidad extranjera sobre tierras rurales. Entre sus principales disposiciones fijaba un límite general del 15% para la titularidad de tierras rurales por parte de extranjeros, además de restricciones vinculadas con la nacionalidad, la titularidad y determinadas zonas del territorio.

El artículo 154 del DNU 70/2023 derogó esa normativa. Con el fallo de la Corte Suprema, esa derogación volvió a tener plena vigencia.

La resolución judicial, no obstante, dejó abierta la posibilidad de que la cuestión vuelva a discutirse judicialmente mediante una nueva causa en la que se acredite una afectación concreta de derechos. El control político del DNU, además, continúa correspondiendo al Congreso.

El Gobierno analiza una salida legislativa

Mientras la oposición busca reunir los votos para llevar el DNU al recinto, el oficialismo analiza alternativas para evitar que la discusión sobre la Ley de Tierras termine afectando la vigencia del decreto en su conjunto.

Una de las posibilidades que se estudia es volver a incorporar una regulación sobre la adquisición de tierras por extranjeros dentro del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que ya cuenta con media sanción del Senado y se encuentra en Diputados.

La iniciativa había avanzado originalmente con modificaciones respecto de la propuesta inicial y sin los capítulos que habilitaban cambios sobre la adquisición de tierras por ciudadanos y empresas extranjeras. Ahora, según fuentes citadas por medios nacionales, el oficialismo evalúa reabrir esa negociación con los bloques aliados.

También se analiza el impacto que podría tener la discusión del proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, vinculado con las Islas Malvinas, que comenzó a ser tratado en comisiones de Diputados.

Una disputa que vuelve al Congreso

El escenario plantea ahora una doble discusión: por un lado, la situación jurídica de la Ley de Tierras después del fallo de la Corte Suprema; por otro, el futuro parlamentario del DNU 70/2023, que contiene cientos de modificaciones y derogaciones de normas en distintas áreas.

La oposición busca reunir el quórum y los votos necesarios para llevar el decreto al recinto, mientras el oficialismo deberá negociar con distintos bloques para intentar sostenerlo o avanzar con una regulación específica sobre las tierras rurales.

Por ahora, las fechas del 7 o 14 de octubre aparecen como posibles escenarios para una sesión especial, pero la convocatoria todavía no está formalizada.