El proyecto presentado en la Legislatura propone un esquema de desendeudamiento para empleados públicos, jubilados y pensionados, con pagos directos a acreedores, cuotas reguladas y una restricción para volver a tomar nuevas deudas durante cinco años. Además, suma una reforma para que la atención en Defensa del Consumidor vuelva a ser presencial y personalizada.
El legislador Luciano Delgado Sempé presentó el Programa de Desendeudamiento y Protección de las Familias Rionegrinas, una iniciativa que apunta a dar una salida a trabajadores estatales, jubilados y pensionados de Río Negro que hoy arrastran deudas con financieras, bancos y tarjetas de crédito. Según explicó, la propuesta fue trabajada junto a economistas, contadores y abogados a partir de una situación que, aseguró, atraviesa a muchas familias de la provincia.
“Las familias rionegrinas ya están endeudadas, algunos cobran solamente el 5% de su sueldo porque el resto lo tiene embargado”, señaló Luciano Delgado Sempé al describir el escenario que motivó la presentación del proyecto. En ese sentido, indicó que el aumento de precios, tarifas y alquileres generó un desfasaje en la economía cotidiana que empujó a muchas personas a tomar créditos para cubrir gastos básicos.
El proyecto prevé la creación de un fondo fiduciario para otorgar préstamos de hasta 8 millones de pesos por beneficiario, aunque estimó que el promedio estaría más cerca de los 4 millones. La propuesta está dirigida, por ahora, a quienes integran el sector público y a jubilados y pensionados, debido a que el sistema de cobro estaría respaldado por el descuento del recibo de haberes.
Delgado Sempé remarcó que el dinero no sería entregado directamente al beneficiario, sino que se destinaría al pago de los acreedores. “El pago es directo a los acreedores, no se le da la plata a la gente, y con quita de intereses”, afirmó, y agregó que la idea es cancelar de una vez la deuda con financieras, bancos o tarjetas de crédito para que luego la persona quede obligada únicamente con la provincia.
Cómo sería el mecanismo de pago
La iniciativa establece que el crédito se devolvería en un plazo de cinco años, con una cuota que no podría superar el 30% del sueldo y con actualización por RIPTE. Además, durante ese período la persona quedaría inhibida para volver a endeudarse. “Por 5 años la gente queda inhibida, no puede volver a endeudarse hasta pagar el crédito”, explicó el legislador.
Según indicó, esa limitación busca evitar que quienes accedan al programa vuelvan a ingresar en una cadena de endeudamiento. “La gente recupera el 70% de su sueldo para empezar a vivir”, sostuvo Luciano Delgado Sempé, al explicar que el objetivo es que las familias puedan volver a disponer de una parte mayor de sus ingresos para afrontar gastos corrientes sin depender de nuevos préstamos.
Sobre la situación del sector privado, el legislador reconoció que el problema también existe, aunque dijo que todavía no encontraron una herramienta para incorporarlo al esquema. “Sabemos que tienen el mismo o más problema inclusive que los públicos”, planteó, pero remarcó que en este caso no cuentan con una forma de garantizar el cobro como sí ocurriría con los trabajadores estatales.
También señaló que la reglamentación sobre cómo se otorgaría el beneficio, cómo se solicitaría y cuáles serían los requisitos concretos debería quedar en manos del Poder Ejecutivo. Mientras tanto, defendió la necesidad de que el Estado provincial intervenga frente a una situación en la que, según describió, muchas personas llegan al día de cobro sin salario disponible por descuentos, embargos y deudas acumuladas.
Reforma en Defensa del Consumidor
En la misma entrevista, Delgado Sempé se refirió a otra iniciativa vinculada a la modificación de la Ley 5414 de Derecho del Consumidor y Usuario, con el objetivo de establecer que la atención personalizada sea la regla. Según explicó, la propuesta apunta a que quienes se acerquen a una oficina de Defensa del Consumidor puedan ser atendidos por una persona y no sean derivados automáticamente a realizar el trámite por internet.
“Si la gente quiere ir por internet, puede hacerlo. Ahora, si no quiere y quiere que la atienda la persona, la persona que está ahí la atiende y le hace todo el trámite”, expresó. En ese sentido, cuestionó que en algunos casos el uso de la web se transforme en un obstáculo para quienes no manejan herramientas digitales o necesitan acompañamiento para hacer un reclamo.
El legislador sostuvo que esa lógica también forma parte de una discusión más amplia sobre el funcionamiento del Estado y la relación con la ciudadanía. “Lo que te venden como una modernización termina siendo un obstáculo. La modernización, bienvenida sea, pero que sea optativa del consumidor y no que sea la regla”, afirmó. Desde su mirada, el Estado debe mejorar la atención pública y ofrecer respuestas más directas a quienes llegan con un problema concreto.
En el tramo final de la entrevista, también recordó que su proyecto para incorporar seguridad privada en las escuelas no avanzó en la Legislatura. “No, cajoneado, Salud, Educación dijo que no estaba de acuerdo, nunca se trató igual”, dijo Luciano Delgado Sempé, al ser consultado sobre esa propuesta. Además, anticipó que alrededor del 15 de mayo estará en El Bolsón para recorrer barrios, reunirse con instituciones y mantener contacto con vecinos de la localidad.
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