Río Negro busca bloquear celulares no autorizados dentro de las cárceles provinciales

La Legislatura analiza una iniciativa para que Río Negro adhiera al nuevo procedimiento nacional que permite detectar y bloquear teléfonos móviles no autorizados dentro de establecimientos penitenciarios. El mecanismo contempla la inhabilitación del IMEI, IMSI y de la línea asociada, sin afectar las comunicaciones legales de las personas privadas de libertad.

La propuesta fue presentada por la legisladora Elba Yolanda Mansilla (PRN) y plantea que la provincia adhiera al procedimiento establecido por la Resolución ENACOM N.º 734/2026 y al manual aprobado por el Ministerio de Seguridad de la Nación.

La normativa nacional, publicada en agosto, habilita un mecanismo específico para que los prestadores de servicios móviles puedan bloquear dispositivos detectados dentro de establecimientos penitenciarios. La herramienta contempla la identificación del equipo y la posterior inhabilitación de sus identificadores técnicos.

Según los fundamentos del proyecto, el ingreso clandestino de celulares a las cárceles permite que personas privadas de libertad mantengan comunicaciones no autorizadas con el exterior y, eventualmente, puedan utilizarlas para coordinar actividades ilícitas.

Cómo funcionaría el bloqueo de celulares

La iniciativa establece que el Ministerio de Seguridad y Justicia de Río Negro, a través del Servicio Penitenciario Provincial, será la autoridad encargada de implementar los mecanismos de detección.

Cuando se identifique un dispositivo no autorizado dentro de las áreas restringidas de una unidad penitenciaria, se podrá gestionar el bloqueo de su IMEI, IMSI y de la línea telefónica asociada.

El procedimiento no implica que cada cárcel pueda solicitar directamente el bloqueo a las compañías telefónicas. La normativa nacional establece un circuito específico de comunicación y coordinación con el Ministerio de Seguridad de la Nación, ENACOM y los prestadores de servicios móviles.

El antecedente de las estafas desde una cárcel de Viedma

Uno de los antecedentes que volvió a poner el tema en discusión en Río Negro fue una investigación por una estafa telefónica millonaria contra un jubilado de 72 años.

Durante el procedimiento realizado en el Complejo de Ejecución Penal N.º 1 de Viedma, investigadores secuestraron seis teléfonos celulares. La pesquisa permitió establecer que una persona privada de libertad habría utilizado un equipo desde el interior del establecimiento para mantener comunicaciones vinculadas con la maniobra investigada.

El caso también motivó un proyecto presentado por legisladores del PRO, que reclamaron al Gobierno provincial avanzar en la aplicación del mecanismo nacional de bloqueo de celulares en las unidades penitenciarias rionegrinas.

Bloquear celulares no es lo mismo que inhibir la señal

La propuesta plantea una diferencia importante respecto de los tradicionales inhibidores de señal.

El mecanismo habilitado por Nación busca identificar dispositivos determinados y solicitar su bloqueo mediante sus datos técnicos. De esta manera, no se plantea simplemente cortar toda la cobertura de telefonía móvil en las inmediaciones de una cárcel.

La resolución nacional también establece mecanismos de registro y trazabilidad de las actuaciones, con el objetivo de dejar constancia de los dispositivos detectados y de las medidas adoptadas.

El proyecto no busca impedir las comunicaciones autorizadas

Uno de los puntos centrales de la iniciativa rionegrina es que el bloqueo de teléfonos clandestinos no podrá afectar los derechos de comunicación reconocidos por la legislación penitenciaria.

El proyecto aclara que las personas privadas de libertad deben mantener sus canales legales de comunicación con familiares, allegados, defensores y autoridades judiciales, de acuerdo con lo establecido por la Ley Nacional N.º 24.660.

La legisladora Mansilla sostiene en los fundamentos que la seguridad penitenciaria constituye una responsabilidad del Estado y plantea que el objetivo es recuperar el control sobre las comunicaciones que se realizan desde el interior de los establecimientos.

Con la adhesión al procedimiento nacional, Río Negro podría incorporar una herramienta tecnológica para detectar y bloquear celulares no autorizados dentro de sus cárceles, en un contexto en el que la utilización de teléfonos desde unidades penitenciarias es señalada como una vía para la comisión y coordinación de delitos.