La normativa impide el ingreso, tenencia y uso de dispositivos móviles en centros de detención y redefine el sistema de comunicación de los internos.
La Legislatura de Chubut aprobó una ley que establece la prohibición de celulares en cárceles, alcanzando a todos los centros de detención de la provincia. La medida abarca el ingreso, tenencia, uso y facilitación de dispositivos móviles por parte de personas privadas de la libertad.
La normativa incluye a cárceles, comisarías, alcaidías y otros espacios de detención, donde desde ahora no se permitirá el uso de equipos con conexión a redes. El objetivo es modificar el esquema actual de comunicación dentro del sistema penitenciario.
En ese marco, la ley dispone que los internos deberán utilizar medios de comunicación oficiales y controlados, reemplazando el uso de teléfonos celulares personales dentro de los establecimientos.
También se establece que cualquier dispositivo encontrado será decomisado de forma inmediata, con la correspondiente intervención de las autoridades y la elaboración de actas.
Controles, decomisos y actuación judicial
El texto aprobado indica que, ante la detección de celulares, se dará intervención al Ministerio Público Fiscal cuando existan indicios de delito vinculados al uso del dispositivo.
La normativa prevé además la implementación de mecanismos de control y prevención, incluyendo medidas para evitar el ingreso de equipos a los centros de detención.
En paralelo, se contempla la posibilidad de aplicar sistemas de inhibición de señal, con el fin de impedir el funcionamiento de dispositivos móviles dentro de los establecimientos.
Las autoridades penitenciarias serán responsables de garantizar el cumplimiento de la ley y de reforzar los controles en los accesos y sectores internos.
Nuevo esquema de comunicación en contextos de encierro
La ley establece que las personas privadas de la libertad podrán comunicarse únicamente a través de canales habilitados y supervisados, definidos por el sistema penitenciario.
De este modo, se reemplaza el uso de celulares por un esquema de comunicación institucional, bajo control de las autoridades correspondientes.
La medida apunta a restringir el uso de dispositivos no autorizados dentro de los centros de detención y a ordenar las comunicaciones en contexto de encierro.
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