Ley de discapacidad: Diputados dio media sanción y el Gobierno retiró los recortes del Presupuesto 2027

La Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto con 237 votos a favor, nueve en contra y cuatro abstenciones. La iniciativa establece un régimen permanente de pensiones, mantiene la actualización por inflación y permite compatibilizar el beneficio con el empleo formal. Ahora deberá ser tratada por el Senado.

La Cámara de Diputados de la Nación aprobó el proyecto de la Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad, que obtuvo 237 votos afirmativos, nueve negativos y cuatro abstenciones. El acuerdo reunió a La Libertad Avanza, Unión por la Patria y bloques dialoguistas, y dejó atrás los recortes que el Gobierno había incluido en el Presupuesto 2027. El texto será enviado al Senado para su tratamiento.

La decisión representa un cambio en la postura del Gobierno de Javier Milei, que había incorporado modificaciones restrictivas al sistema de discapacidad en el proyecto presupuestario. Entre ellas, figuraban la reinstauración del criterio de «invalidez laboral», que exigía un 70% de incapacidad, y la eliminación del Certificado Único de Discapacidad (CUD) como vía directa de acceso a las pensiones.

Durante las negociaciones con los bloques aliados, el oficialismo se comprometió a eliminar esos artículos. Finalmente, el acuerdo legislativo descartó los recortes previstos y permitió avanzar con un régimen permanente para las personas con discapacidad.

El rechazo al proyecto se concentró en ocho diputados de Córdoba y en la mendocina Lourdes Arrieta, mientras que las cuatro abstenciones correspondieron a legisladores de la izquierda.

Qué establece la nueva ley de discapacidad

La iniciativa recupera casi todo el esquema de beneficios contemplado en la Ley 27.793, aunque elimina su carácter de emergencia y transitoriedad. De esta manera, establece un marco permanente para el sistema de pensiones por discapacidad y fija por ley las condiciones para acceder a esas prestaciones, que hasta ahora dependían del Poder Ejecutivo.

Entre los puntos centrales, el proyecto establece que la pensión por discapacidad equivaldrá al 70% del haber mínimo jubilatorio. Además, permite que sus beneficiarios puedan cobrarla mientras mantienen un empleo formal, una compatibilidad que busca evitar que el acceso al trabajo implique perder la prestación.

La norma también mantiene la actualización de los haberes según el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Con estos cambios, las condiciones de acceso y actualización de las pensiones quedan incorporadas al marco legal permanente.

La deuda con los prestadores y los plazos de pago

Otro de los puntos contemplados en la iniciativa es la deuda del Estado con los prestadores del sistema de discapacidad, que asciende a unos 278.323 millones de pesos. El Gobierno deberá presentar un cronograma de pagos dentro de los 30 días posteriores a la entrada en vigor de la norma.

El proyecto también establece un plazo máximo de 90 días para cancelar la deuda. De esta manera, la iniciativa incorpora obligaciones concretas para regularizar los compromisos pendientes con los prestadores.

El antecedente legislativo es la Ley 27.793, que el Congreso había sostenido por encima del veto presidencial. El Decreto 681/2025 promulgó esa norma, pero suspendió su ejecución hasta que se definieran las fuentes de financiamiento. En este nuevo escenario, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, aseguró que Milei no vetará la nueva ley.

La advertencia de la oposición por el Presupuesto 2027

Tras la aprobación, la diputada nacional Varinia Marín expresó sus reparos sobre el cumplimiento del acuerdo alcanzado con el oficialismo. La legisladora señaló que todavía espera cambios en el apartado de discapacidad del proyecto presupuestario.

En ese sentido, Marín afirmó que «no festejará hasta que el Gobierno modifique el apartado de discapacidad del Presupuesto 2027», tal como se acordó durante las negociaciones. La declaración refleja que, pese a la media sanción, la oposición mantiene la atención sobre los próximos pasos del Ejecutivo.

Con la aprobación en Diputados, el proyecto deberá pasar ahora al Senado, donde continuará el trámite legislativo para definir su sanción definitiva.