Lago Escondido y Ley de Tierras: Odarda espera definiciones de la Corte Suprema

La legisladora rionegrina Magdalena Odarda habló sobre dos causas que tienen como escenario a la región: el histórico reclamo por el libre acceso a Lago Escondido y el amparo presentado desde Río Negro contra la derogación de la Ley de Tierras. La reciente decisión de la Corte Suprema sobre el planteo del CECIM abrió un nuevo escenario judicial.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación volvió a quedar en el centro de la discusión por dos expedientes de fuerte impacto para Río Negro: la causa por el libre acceso a Lago Escondido y el amparo contra la derogación de la Ley de Tierras Rurales.

En diálogo con FM De la Cordillera, la legisladora Magdalena Odarda explicó que ambos expedientes se encuentran vinculados a reclamos que llevan años de recorrido judicial y que desde Río Negro se sigue con atención la posibilidad de nuevas definiciones.

La Corte ya falló sobre el amparo del CECIM

El escenario de la causa por la Ley de Tierras tuvo una modificación sustancial el 29 de septiembre. La Corte Suprema revocó el fallo que había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/2023, mediante el cual se derogó la Ley 26.737 de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de Tierras Rurales.

El máximo tribunal rechazó la demanda presentada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM) al considerar que la organización no tenía legitimación suficiente para impulsar ese reclamo y que no estaba configurado un caso o controversia judicial en los términos constitucionales.

Sin embargo, la propia Corte aclaró que su decisión no implica un pronunciamiento sobre la constitucionalidad del artículo 154 del DNU 70/2023. Es decir, el tribunal no analizó de fondo si la derogación de la Ley de Tierras es constitucional o inconstitucional.

El amparo presentado desde Río Negro

Este punto resulta central para el planteo que impulsó Odarda junto con organizaciones y vecinos de la región.

La legisladora explicó que el amparo presentado desde Río Negro ingresó pocas horas después del iniciado por el CECIM y quedó vinculado al expediente principal por tratarse de acciones relacionadas con el mismo objeto.

Entre los actores rionegrinos mencionados se encuentra Árbol de Pie, organización ambiental de Bariloche, además de comunidades indígenas, dirigentes de ATE y vecinos de distintas localidades de la zona Andina.

El planteo incorpora además una dimensión ambiental, al sostener que el ambiente constituye un bien jurídicamente protegido y que la discusión sobre la propiedad de las tierras rurales no puede analizarse únicamente desde una perspectiva patrimonial.

La reciente resolución de la Corte sobre el CECIM adquiere relevancia porque el máximo tribunal cuestionó específicamente la legitimación de esa organización, mientras que los restantes actores de la causa deberán ser analizados bajo sus propias condiciones jurídicas.

Qué establecía la Ley de Tierras

La Ley 26.737, sancionada en 2011, establecía un límite del 15% para la titularidad extranjera de tierras rurales a nivel nacional, provincial y departamental, además de restricciones vinculadas con la nacionalidad de los propietarios y la cantidad de tierras que podía concentrar una misma persona o empresa.

El artículo 154 del DNU 70/2023 derogó esa normativa. La aplicación de esa derogación permaneció judicializada durante más de dos años, hasta el reciente fallo de la Corte Suprema.

Por lo tanto, la decisión del máximo tribunal produjo un cambio concreto en el escenario jurídico: la Ley de Tierras permanece derogada, aunque la Corte no haya resuelto la cuestión constitucional de fondo planteada contra el artículo 154.

Lago Escondido: una causa que lleva más de 20 años

En paralelo, Odarda continúa reclamando ante la Corte Suprema por el acceso público a Lago Escondido, una causa que comenzó en 2005.

El conflicto se originó alrededor de las distintas alternativas para llegar al lago y, particularmente, sobre el denominado camino de Tacuifí, conocido como la traza corta.

En agosto de 2023, el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro revocó las decisiones de instancias inferiores que habían ordenado garantizar el acceso por Tacuifí y estableció que el acceso contemplado en la sentencia debía realizarse mediante el sendero de montaña. El STJ indicó que las obligaciones de señalización y seguridad correspondían a esa traza.

El sendero de montaña tiene aproximadamente 33 kilómetros y constituye una alternativa considerablemente más extensa que el camino de Tacuifí.

Odarda llevó el reclamo a la Corte Suprema

Luego del fallo del Superior Tribunal rionegrino de 2023, los representantes legales de Odarda presentaron un recurso extraordinario federal con el objetivo de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación revisara la decisión que había descartado el acceso por Tacuifí.

La propia documentación judicial de Río Negro registra que la acción original por el libre acceso a Lago Escondido fue presentada por Odarda en abril de 2005 y que el reclamo se fundamentó en el derecho de libre acceso previsto por la Constitución provincial.

Ahora, según explicó la legisladora, el expediente se encuentra digitalizado y a despacho de la Corte, a la espera de una resolución.

El vínculo entre Lago Escondido y la Ley de Tierras

Durante la entrevista, Odarda planteó que ambos conflictos forman parte de una discusión más amplia sobre el acceso a la tierra, la propiedad extranjera y la protección de determinados recursos naturales y territorios.

El caso Lago Escondido adquirió especial relevancia nacional debido a que el espejo de agua se encuentra dentro de un área vinculada a la empresa Hidden Lake y al empresario británico Joe Lewis. El conflicto judicial se concentró durante años en las condiciones para garantizar el acceso público.

La discusión sobre la Ley de Tierras vuelve a poner en primer plano esa problemática, aunque se trata de dos procesos judiciales diferentes, con objetos y fundamentos propios.

Un nuevo escenario judicial para Río Negro

La reciente decisión de la Corte Suprema sobre el amparo del CECIM no cerró todas las discusiones judiciales relacionadas con la derogación de la Ley de Tierras. El tribunal se limitó a rechazar esa demanda por cuestiones de legitimación y por la ausencia de un caso judicial concreto, sin resolver la constitucionalidad del artículo 154.

En ese contexto, el expediente presentado desde Río Negro adquiere particular importancia para sus impulsores, que esperan que se analice la legitimación de los restantes amparistas y, eventualmente, los argumentos de fondo planteados.

Mientras tanto, la causa por Lago Escondido continúa también en la órbita de la Corte Suprema después del fallo del máximo tribunal rionegrino de 2023.

Dos expedientes diferentes, pero con un punto en común: ambos tienen consecuencias directas sobre debates que atraviesan a Río Negro y la región cordillerana, desde el acceso público a un lago hasta las reglas que regulan la propiedad de tierras rurales.