La medida busca determinar quién financió los vuelos hacia Uruguay y cómo se realizaron los pagos vinculados al funcionario.
La Justicia federal dispuso levantar el secreto bancario y fiscal del vocero presidencial Manuel Adorni en el marco de una investigación que apunta a esclarecer el financiamiento de viajes en avión privado hacia Uruguay.
La decisión fue tomada por el juez federal Ariel Lijo, quien ordenó acceder a información financiera del funcionario y de otras personas vinculadas a los vuelos. El objetivo es reconstruir el circuito del dinero utilizado en esos traslados.
La causa busca establecer si existieron irregularidades en el financiamiento de los viajes, incluyendo la posibilidad de pagos realizados por terceros o vínculos con empresas que mantengan relación con el Estado.
El expediente también apunta a determinar si los viajes tuvieron carácter privado o institucional, en función de posibles autorizaciones y condiciones en las que se realizaron.
Qué investiga la Justicia sobre los viajes
El foco de la investigación está puesto en los viajes realizados a Uruguay, particularmente a Punta del Este, donde el funcionario se trasladó junto a su entorno familiar.
En ese contexto, la Justicia intenta precisar quién pagó los vuelos, de qué manera se efectuaron los pagos y si existió algún tipo de contraprestación vinculada a esos traslados.
Además, se solicitó información oficial para determinar si hubo utilización de recursos públicos o si los viajes fueron realizados exclusivamente en el ámbito privado.
La reconstrucción de estos movimientos busca establecer si existió algún delito, como posibles dádivas o incompatibilidades en el ejercicio de la función pública.
Alcance de la medida judicial
El levantamiento del secreto bancario permite acceder a los movimientos de cuentas, transferencias y origen de fondos, con el objetivo de analizar el circuito financiero completo.
En paralelo, la investigación incluye otras medidas, como el análisis de registros vinculados a la operatoria de los vuelos y la identificación de las personas involucradas en la logística.
También se incorporaron pedidos de información para reconstruir los hechos desde el momento en que se realizaron los viajes hasta la actualidad.
Con estas medidas, la Justicia busca determinar si existieron irregularidades en el financiamiento de los vuelos y definir eventuales responsabilidades en el caso.
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