La medida cautelar fue dictada por un juzgado federal tras un amparo colectivo de beneficiarios que cuestionaron la eliminación del programa.
El Juzgado Federal de Campana, a cargo del juez Adrián González Charvay, resolvió ordenar al Ministerio de Capital Humano que mantenga las prestaciones del programa “Volver al Trabajo”. La decisión se tomó a partir de una medida cautelar en el marco de un amparo colectivo presentado por beneficiarios.
La acción judicial fue impulsada por cinco personas que integran el programa y que cuestionaron la decisión oficial de poner fin a la asistencia. Los demandantes forman parte de la economía popular y no cuentan con empleo formal.
En ese sentido, sostuvieron que la eliminación del plan implicaba una medida arbitraria y dejaba sin cobertura a miles de personas en un contexto económico complejo. También remarcaron que el programa cumplía un rol en el acceso a derechos básicos.
Además, señalaron que “la eliminación del programa implicaba una medida arbitraria y dejaba sin cobertura a miles de personas en un contexto económico delicado”, expresaron los beneficiarios.
El alcance del programa y la decisión del Gobierno
El programa “Volver al Trabajo” había sido creado mediante el Decreto 198/2024, firmado por Javier Milei y Sandra Pettovello, con una asignación mensual de $78.000.
Según plantearon los beneficiarios, el plan garantizaba aspectos vinculados a la alimentación, la inclusión laboral y el acompañamiento social.
También indicaron que “el plan garantizaba derechos básicos vinculados a la alimentación, la inclusión laboral y el acompañamiento social”, remarcaron los demandantes.
De acuerdo a lo denunciado, el Gobierno había anunciado su finalización para abril de 2026 y su reemplazo por un sistema de vouchers de capacitación.
Cuestionamientos por la falta de precisiones
Los beneficiarios señalaron que el esquema de reemplazo no contaba con definiciones claras. En ese marco, advirtieron que no se habían precisado detalles sobre su funcionamiento.
En particular, indicaron que no se informó quiénes podrían acceder ni bajo qué condiciones se implementaría el nuevo sistema.
En ese contexto, la Justicia federal resolvió intervenir de manera provisoria y ordenó mantener las prestaciones vigentes del programa mientras se analiza el fondo de la cuestión.
La medida cautelar implica que el Estado nacional deberá sostener la asistencia hasta tanto haya una resolución definitiva sobre el planteo presentado por los beneficiarios.
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