Justicia en El Bolsón: reclaman jueces, fiscales y más personal para evitar que la nueva Ciudad Judicial quede vacía

Luis Albornoz, referente del Grupo Justicia Comarca, cuestionó la falta de concursos para cubrir cargos judiciales en El Bolsón y advirtió por la sobrecarga del sistema, los costos que enfrentan las familias y la necesidad de mejorar la atención a víctimas y pacientes oncológicos.

Luis Albornoz, referente del Grupo Justicia Comarca, volvió a plantear los reclamos históricos de la organización ante el Poder Judicial de Río Negro. El objetivo, sostuvo, es que los habitantes de El Bolsón y la Comarca Andina dejen de ser tratados como “ciudadanos de segunda” en materia de acceso a la Justicia.

Albornoz reconoció los avances vinculados con la construcción de la nueva Ciudad Judicial de El Bolsón, pero manifestó preocupación porque todavía no se concretaron los concursos necesarios para designar jueces de garantías, más fiscales y personal administrativo. Según estimó, serían necesarios entre 60 y 80 trabajadores para garantizar el funcionamiento adecuado de la estructura.

Advierten que la nueva Ciudad Judicial podría quedar vacía

El referente sostuvo que, si no se aceleran las designaciones, el nuevo edificio podría convertirse en una “estructura vacía” durante años. Además, consideró que incluso con la puesta en funcionamiento del inmueble, la cantidad de personal prevista podría resultar insuficiente frente a la demanda judicial de toda la zona.

Uno de los principales cuestionamientos está relacionado con la sobrecarga de trabajo de fiscales y funcionarios judiciales. Albornoz señaló que un fiscal no puede atender de manera adecuada más de 2.000 causas y, al mismo tiempo, cubrir un territorio extenso que incluye sectores como Río Chico, El Manso y Villegas.

A esta situación se suma, según explicó, la necesidad de trasladarse periódicamente a Bariloche para participar de juicios, lo que implica que los funcionarios permanezcan varios días fuera de El Bolsón. Para el Grupo Justicia Comarca, la centralización del sistema genera consecuencias directas para quienes necesitan acceder a la Justicia.

Traslados, costos y revictimización

Albornoz puso como ejemplo la situación de las familias vulnerables que deben viajar a Bariloche para asistir a audiencias. Según relató, los gastos de traslado, alojamiento y permanencia pueden alcanzar entre 150.000 y 200.000 pesos diarios, obligando en algunos casos a las familias a realizar actividades como la venta de empanadas para poder afrontar esos costos.

También cuestionó la situación de niños y niñas víctimas de abuso sexual que deben trasladarse de madrugada para participar de una Cámara Gesell, debido a la falta de dispositivos permanentes en la localidad. A esto agregó el reclamo por una Oficina de Atención a la Víctima (OFAVI) que funcione de manera permanente en El Bolsón.

El referente del Grupo Justicia Comarca también mencionó la falta de respuestas que, según sostuvo, recibieron ante casos emblemáticos como el homicidio de don Rodríguez. En ese sentido, reclamó definiciones tanto de la Procuración General como del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro.

Bioética, cuidados paliativos y atención oncológica

Durante la entrevista también se abordó la necesidad de recuperar el funcionamiento de los comités de bioética hospitalarios, espacios interdisciplinarios que pueden estar integrados por médicos, psicólogos, trabajadores sociales y representantes de la comunidad.

Albornoz vinculó este planteo con el debate sobre los proyectos de ley relacionados con la eutanasia y mencionó el caso de Rebeca, una paciente oncológica metastásica. En ese contexto, destacó el trabajo del equipo de cuidados paliativos y de las voluntarias de ALCEC 42 de El Bolsón.

Finalmente, reclamó fortalecer la organización de la Comarca para que las personas con cáncer puedan acceder a atención médica y tratamientos de quimioterapia en El Bolsón, evitando viajes permanentes a Bariloche. Para Albornoz, mejorar el acceso a la Justicia y a la salud requiere que las instituciones adapten sus recursos a las necesidades concretas de una población que actualmente debe trasladarse cientos de kilómetros para recibir servicios esenciales.