La Justicia ordenó retener hasta el 10% de la coparticipación para garantizar el pago de una indemnización a una joven que sufrió lesiones en un juego infantil.
La Municipalidad de El Bolsón deberá afrontar un embargo sobre fondos de coparticipación tras una sentencia judicial que la obliga a pagar una indemnización superior a los $22,8 millones por un accidente ocurrido en una plaza.
El caso se originó a partir de una demanda presentada por una joven que resultó lesionada al utilizar un juego infantil en un espacio público. En el proceso, el juzgado determinó que el hecho estuvo vinculado a una falla en la estructura del juego.
La sentencia encuadró la responsabilidad en el ámbito del mantenimiento y control del espacio público, al considerar que el municipio debía garantizar condiciones adecuadas de seguridad en ese lugar.
En ese marco, se estableció una indemnización por daños físicos, odontológicos y psicológicos, además de otros conceptos derivados de las consecuencias del accidente.
La ejecución de la sentencia y el monto de la deuda
Con la liquidación aprobada y sin registrarse un pago voluntario, el expediente avanzó a la etapa de ejecución. El monto fijado en concepto de capital asciende a $22.840.846,23.
A esa cifra se le suman los intereses, calculados conforme a las tasas fijadas por el Superior Tribunal de Justicia, junto con las costas del proceso.
Para cubrir esos conceptos adicionales, se estimó de manera provisoria una suma cercana a los $10 millones, lo que eleva el total de la deuda.
Ante esta situación, la Justicia dispuso el embargo de fondos de coparticipación, con una retención de hasta el 10% de los recursos que percibe el municipio.
Qué determinó la Justicia sobre el accidente
Según surge del fallo, el análisis del caso permitió establecer que el juego presentaba defectos que lo hacían inseguro para su uso.
La resolución consideró que la situación no fue aislada, sino que estuvo vinculada al estado del equipamiento, lo que derivó en la atribución de responsabilidad al Estado local.
En ese sentido, el municipio fue considerado responsable en su rol de garante de las condiciones de seguridad del espacio público.
La medida de embargo comenzó a aplicarse en marzo y se mantendrá vigente hasta cubrir la totalidad de la deuda establecida por la sentencia.
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