Emergencia en discapacidad: qué podría cambiar en El Bolsón y la Comarca Andina si no se prorroga la ley

La Ley 27.793 está vigente hasta el 31 de diciembre de 2026 y permite una prórroga por un año. Diputados de distintos bloques buscan extenderla hasta fines de 2027. En El Bolsón y la Comarca Andina, la discusión tiene impacto sobre prestaciones, prestadores, pensiones, Incluir Salud y el adicional del 20% por zona desfavorable para la Patagonia.

La discusión por la Emergencia Nacional en Discapacidad no queda limitada al Congreso. Para El Bolsón y la Comarca Andina, la continuidad o no de la Ley 27.793 puede tener consecuencias sobre personas con discapacidad, familias, profesionales y establecimientos que brindan prestaciones.

La norma nacional declaró la emergencia hasta el 31 de diciembre de 2026 y estableció expresamente que puede ser prorrogada por un año. Entre sus objetivos aparecen el acceso a salud, rehabilitación, educación, protección social y trabajo para las personas con discapacidad.

¿Qué puede pasar con las prestaciones en El Bolsón?

Uno de los puntos centrales es el financiamiento y actualización de las prestaciones. La emergencia contempla medidas destinadas a recomponer los valores del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral para personas con discapacidad y atender la situación de los prestadores.

En una localidad como El Bolsón, donde la oferta de determinadas especialidades es más limitada que en los grandes centros urbanos, una crisis de financiamiento puede repercutir directamente en la continuidad de tratamientos. Profesionales, centros de rehabilitación, acompañantes, transportistas y otras personas que integran el sistema necesitan que los aranceles permitan sostener sus servicios.

En la localidad existen espacios vinculados con la rehabilitación y atención terapéutica, como El Altillo y Centro Terapéutico La Casa. La discusión nacional alcanza al conjunto del sistema de prestaciones y no implica que estos establecimientos en particular hayan informado una situación determinada.

El adicional del 20% que es clave para la Patagonia

Uno de los aspectos que adquiere especial importancia para Río Negro y la Comarca Andina es el reconocimiento de la zona desfavorable.

El esquema de prestaciones contempla un adicional del 20% para la Patagonia, destinado a contemplar las particularidades de prestar servicios en esta región. Esa diferencia es relevante en localidades alejadas de los grandes centros urbanos, donde los costos de traslado y funcionamiento pueden ser mayores.

Por eso, cualquier cambio en el sistema nacional de actualización y financiamiento puede tener una incidencia particular en El Bolsón, Lago Puelo, El Hoyo, Epuyén y otras localidades de la Comarca, donde las distancias forman parte del costo de brindar determinadas prestaciones.

Incluir Salud y las dificultades para acceder a prestaciones

Otro eje importante es Incluir Salud, programa destinado a titulares de Pensiones No Contributivas. Las demoras y dificultades de financiamiento nacional ya generaron reclamos en distintas provincias.

El Gobierno de Río Negro informó que durante 2025 debió sostener con fondos provinciales programas, asistencia e infraestructura vinculados con discapacidad, en un contexto de recortes y demoras nacionales.

Para una familia de El Bolsón, una demora en una prestación puede significar mucho más que esperar un turno. Puede implicar tener que trasladarse a Bariloche u otra ciudad, afrontar combustible, transporte, alojamiento o reorganizar tratamientos cuando determinados profesionales no están disponibles en la localidad.

Pensiones por discapacidad: qué hay que aclarar

La situación de las Pensiones No Contributivas por Discapacidad también forma parte de la discusión nacional. La Ley 27.793 creó la Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social dentro del marco de la emergencia.

Sin embargo, es importante aclararlo: si la emergencia no fuera prorrogada, no significa automáticamente que todas las personas con discapacidad perderían sus pensiones o prestaciones. Existen otras normas nacionales que continúan vigentes y protegen derechos del sector.

La Defensoría del Pueblo de Río Negro recuerda que el Certificado Único de Discapacidad (CUD) permite acceder a derechos y prestaciones contemplados, entre otras normas, por las leyes nacionales 22.431 y 24.901.

El impacto en la Comarca puede ser territorial

La particularidad de El Bolsón y la Comarca Andina es que las dificultades del sistema pueden amplificarse por las distancias.

Una prestación que en una ciudad grande puede resolverse con varios profesionales disponibles puede ser mucho más difícil de sostener en una localidad cordillerana. Si los valores no acompañan los costos, existe el riesgo de que algunos servicios reduzcan horas, dejen de atender determinadas coberturas o directamente no puedan sostenerse.

Por eso, para las familias de la región, el debate sobre la emergencia no se reduce al monto de una pensión: también involucra la posibilidad concreta de acceder a rehabilitación, terapias, transporte, educación especial, acompañamiento y atención profesional sin tener que abandonar la localidad.

Río Negro ya debió afrontar parte de estos problemas

La situación no es nueva para la provincia. En septiembre de 2025, el Gobierno de Río Negro informó que sostenía con recursos propios distintos programas y servicios relacionados con discapacidad ante un escenario de recortes y demoras nacionales.

Esto permite dimensionar por qué una eventual modificación del esquema nacional puede terminar teniendo consecuencias en el presupuesto provincial y, finalmente, en los municipios y las familias.

Si el Estado nacional reduce o modifica determinadas partidas, la discusión puede trasladarse a las provincias: quién financia las prestaciones, quién cubre los tratamientos y cómo se garantiza la continuidad de los servicios en localidades alejadas.

La emergencia no es la única ley que protege estos derechos

También es importante evitar una interpretación equivocada: la eventual finalización de la emergencia no elimina todo el marco legal de protección de las personas con discapacidad.

La Ley 24.901 establece el Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral, mientras que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad tiene jerarquía constitucional en Argentina. La propia Ley 27.793 establece que la emergencia busca garantizar obligaciones que ya forman parte de ese marco de derechos.

Por eso, la discusión actual pasa principalmente por qué mecanismos de financiamiento, actualización y compensación continuarán vigentes y con qué recursos.

Diputados busca extender la emergencia hasta 2027

La oposición presentó un proyecto para extender la Emergencia Nacional en Discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2027. La propuesta busca evitar que el régimen actual finalice el último día de 2026.

El debate tendrá una dimensión nacional, pero sus consecuencias pueden sentirse en territorios como El Bolsón y toda la Comarca Andina, especialmente por la distancia de los grandes centros de atención y por el adicional correspondiente a la zona patagónica.

Para las familias de la región, la discusión central es concreta: que una persona con discapacidad pueda continuar accediendo a sus tratamientos y prestaciones sin que la falta de financiamiento termine convirtiéndose en una barrera para recibir atención.