La Justicia secuestró documentación del área de Hacienda de la Municipalidad de Cholila y avanzó con una investigación para determinar si hubo irregularidades en el manejo de fondos públicos vinculados a la Fiesta Nacional del Asado. Por ahora no hay imputados y el expediente se encuentra en una etapa inicial.
La Fiscalía inició una investigación por presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos dentro de la Municipalidad de Cholila, a partir de una denuncia vinculada a recursos destinados a la Fiesta Nacional del Asado. El procedimiento se realizó mediante una orden de presentación, que permitió requerir y secuestrar documentación correspondiente al área de Hacienda.
De acuerdo con lo explicado por el fiscal interviniente, la denuncia fue presentada tiempo atrás y expone una maniobra que podría tener eventual carácter delictivo. A partir de esa presentación, el Ministerio Público avanzó en la recolección de material para comenzar a reconstruir el circuito administrativo y contable.
Durante el operativo, que se extendió entre la mañana y el mediodía con intervención policial, se reunió una importante cantidad de documentación. Según se informó, fueron secuestradas más de 1.600 hojas y facturas, que ahora quedarán bajo análisis para determinar si existe correspondencia entre los movimientos denunciados y los registros oficiales.
El funcionario aclaró además que no se trató de un allanamiento, sino de una herramienta contemplada por la ley para requerir información a organismos públicos. En ese marco, remarcó que la Fiscalía está habilitada a solicitar este tipo de documentación sin necesidad de una medida judicial de esa naturaleza.
Qué se investiga sobre los fondos de la Fiesta del Asado
La pesquisa apunta a establecer si hubo inconsistencias en la administración de recursos relacionados con las últimas ediciones de la Fiesta del Asado. Según el planteo que dio origen al expediente, existirían posibles irregularidades en el uso de esos fondos, aunque todavía no se definió con precisión cuál podría ser la figura penal aplicable.
En ese contexto, el fiscal señaló que por ahora no es posible determinar si se está frente a un caso de malversación, estafa o defraudación, entre otras hipótesis. Esa definición dependerá del estudio detallado de la documentación secuestrada y del resultado de la pericia técnica.
El siguiente paso será una pericia contable, que buscará contrastar los datos de la denuncia con los papeles incorporados al expediente. Ese análisis será clave para determinar si existió alguna maniobra con relevancia penal y, en caso de corresponder, avanzar con nuevas medidas.
Por el momento, la causa no tiene personas imputadas ni resoluciones dirigidas contra funcionarios municipales. Desde la Fiscalía aclararon que todavía no existe una maniobra concreta delimitada ni elementos suficientes para atribuir responsabilidades penales a alguien en particular.
Una causa en etapa inicial y sin plazos definidos
El fiscal describió el estado del expediente como incipiente y dejó en claro que la investigación recién comienza. En esa línea, dio a entender que aún resta un largo recorrido antes de poder arribar a conclusiones firmes sobre lo denunciado.
También explicó que el procedimiento no generó resistencia por parte del municipio, ya que una orden de presentación obliga a entregar la documentación requerida. En caso de negativa, recién ahí correspondería solicitar una orden de allanamiento.
El análisis técnico de la documentación dependerá del equipo contable que interviene en la causa, que se encuentra en Rawson, a unos 800 kilómetros de Cholila. Esa distancia, según se indicó, condiciona los tiempos de revisión y dificulta precisar un plazo exacto para obtener resultados.
De todos modos, desde la Fiscalía anticiparon que intentarán avanzar con la mayor celeridad posible y estimaron que el estudio de la documentación del último año podría completarse en alrededor de un mes o un mes y medio, siempre que el volumen del material y la tarea pericial lo permitan.
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