El gobierno de Chubut avanzó con la subasta pública de bienes decomisados en causas de corrupción. A través del decreto 319/26, el gobernador Ignacio Torres autorizó la venta de 12 casas, 2 terrenos y 8 vehículos adquiridos con fondos ilegales.
Los inmuebles están distribuidos en distintas localidades: 7 casas en Playa Unión, 4 en Rawson, y 1 vivienda junto a 2 terrenos en Trelew. También forman parte de la subasta varios vehículos de alta gama y utilitarios.
Entre ellos figuran un Mercedes Benz GLK 300 4Matic, un Hyundai H1, un Fiat Palio Adventure, una Volkswagen Amarok, dos Chevrolet S10, un BMW 418 y un UTV Trail T Arctic Cat.
Bienes vinculados a causas de corrupción
Según información oficial del Ministerio de Gobierno, todos estos bienes fueron adquiridos con dinero proveniente de hechos de corrupción durante la gestión del exgobernador Mario Das Neves.
Los activos fueron decomisados tras juicios orales con sentencia firme impulsados por la Unidad Anticorrupción y pasaron a formar parte del patrimonio del Estado provincial.
La primera etapa de la subasta incluirá bienes vinculados a la causa conocida como El Embrujo, en la que fue condenado Diego Correa, exsecretario privado del gobernador.
También se incorporarán propiedades vinculadas a Oscar “Chito” Alarcón, quien recibió condenas por enriquecimiento ilícito y por percibir doble salario como empleado municipal y provincial.
Cómo será la subasta
El proceso estará a cargo de la Agencia de Administración y Disposición de Bienes y Derechos Patrimoniales, organismo que deberá organizar, tramitar y ejecutar la subasta pública.
El decreto establece que la venta se realizará garantizando publicidad, concurrencia, igualdad de trato y transparencia, con el objetivo de resguardar el interés fiscal.
Además, la normativa vigente fija mecanismos de tasación, intervención de martilleros y modalidades de difusión para asegurar el procedimiento.
Recupero de activos para el Estado
Desde el gobierno provincial señalaron que esta medida busca recuperar activos obtenidos de manera ilegal y reintegrarlos al Estado.
El objetivo es neutralizar el beneficio económico derivado de hechos ilícitos y destinar esos recursos al interés público.
De esta manera, los bienes decomisados en causas de corrupción serán transformados en ingresos para la provincia mediante su venta en subasta abierta.
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