Bariloche: denuncian presunto desvío de fondos para barrios populares y reclaman explicaciones al Municipio

La Mesa de Barrios Populares cuestionó la falta de obras y avances en la regularización de tierras. El reclamo apunta a partidas millonarias previstas para 2025 y 2026, mientras crece la preocupación por la situación habitacional de numerosas familias de San Carlos de Bariloche.

La Mesa de Barrios Populares de San Carlos de Bariloche denunció presuntas irregularidades en el manejo de los recursos destinados a la urbanización, la infraestructura y la regularización dominial de distintos sectores de la ciudad. La organización exige que el Ejecutivo municipal y el Instituto Municipal de Tierra y Vivienda para el Hábitat Social (IMTVHS) informen qué ocurrió con los fondos presupuestados y qué medidas se adoptarán para cumplir con los compromisos pendientes.

El planteo fue difundido el 22 de septiembre de 2026 y pone el foco en la falta de avances que, según los referentes barriales, se registró durante 2024 y 2025. La Mesa sostiene que las partidas previstas no se tradujeron en las respuestas esperadas en los territorios y reclama transparencia sobre la ejecución de los recursos públicos.

Presupuesto 2025: más de $3.500 millones bajo cuestionamiento

De acuerdo con los datos presentados por la organización, el Plan de Acción 2025 contemplaba un presupuesto de $3.572 millones, con partidas para infraestructura y regularización de diferentes barrios.

Entre los montos mencionados se encuentran $1.500 millones destinados a infraestructura y $1.120 millones para el barrio 29 de Septiembre. También se habían previsto $120 millones para Alun Ruca, $60 millones para Vivero II, III y IV, $30 millones para el barrio 2 de Abril y $16,5 millones para San Francisco IV.

La Mesa cuestiona que los compromisos vinculados con esas partidas no se hayan cumplido como esperaba y reclama conocer el nivel de ejecución de cada programa. Sin embargo, la existencia de fondos presupuestados no demuestra por sí sola que hayan sido efectivamente transferidos o gastados, por lo que resulta necesario conocer los registros oficiales para determinar qué ocurrió con cada partida.

Qué ocurre con los fondos previstos para 2026

El reclamo también alcanza al presupuesto del año en curso. Según la documentación presupuestaria presentada ante el Concejo Deliberante, el Instituto Municipal de Tierra y Vivienda cuenta con una asignación superior a los $4.763 millones para 2026.

Dentro de las partidas señaladas por la Mesa figuran $1.902 millones para urbanización, $60 millones para Alun Ruca, $54 millones para el barrio 2 de Abril y $28 millones para Vivero II, III y IV.

La organización advierte sobre el riesgo de que vuelvan a quedar pendientes las obras y los procesos de regularización que necesitan las familias. Por eso, reclama que las autoridades informen cuáles son los trabajos efectivamente realizados, qué proyectos continúan sin ejecutarse y cuáles son los plazos previstos para avanzar.

La situación habitacional y el reclamo por la regularización de tierras

La discusión presupuestaria se desarrolla en un contexto de dificultades para acceder a la regularización de terrenos y garantizar la seguridad jurídica de las viviendas.

En mayo de 2026, representantes de la Mesa de Barrios Populares también habían manifestado preocupación por posibles desalojos y por las dificultades económicas que enfrentan muchas familias para afrontar trámites administrativos y legales vinculados con sus tierras.

En ese escenario, las obras de infraestructura, la planificación urbana y la regularización dominial representan demandas centrales para numerosos vecinos de Bariloche.

Qué pide la Mesa de Barrios Populares

Entre sus principales exigencias, la organización solicita que el Ejecutivo municipal y el Instituto de Tierra y Vivienda aclaren el destino de los recursos, presenten información detallada sobre la ejecución presupuestaria y establezcan una agenda de trabajo con prioridades, responsables y plazos concretos.

El objetivo es que las partidas destinadas a los barrios populares se traduzcan en mejoras efectivas de infraestructura, avances en la titularización de terrenos y respuestas a las necesidades de las familias.

Hasta el momento, la denuncia difundida por la Mesa constituye un reclamo público que requiere una respuesta documentada de las autoridades municipales. Para determinar si existió un desvío de fondos, es necesario contrastar las acusaciones con la ejecución presupuestaria, los gastos registrados, las obras realizadas y las explicaciones oficiales correspondientes.

La Municipalidad de Bariloche cuenta con un portal de presupuesto ejecutado que permite consultar información financiera por períodos. Esos registros resultan centrales para verificar cuánto se gastó, en qué conceptos y qué nivel de cumplimiento tuvieron las partidas cuestionadas.