El gobernador bonaerense reclama una deuda millonaria y pide una medida cautelar para que se restituyan los fondos previsionales suspendidos por Nación.
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, avanzará ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el marco del reclamo por la deuda que mantiene la ANSES con la provincia.
El planteo apunta a una deuda estimada en $2,2 billones, vinculada al financiamiento del déficit de las cajas jubilatorias provinciales, cuyos envíos fueron interrumpidos por el Gobierno nacional.
El conflicto se originó tras la decisión de la gestión de Javier Milei de suspender estas transferencias mediante un decreto, lo que derivó en una presentación judicial por parte del Ejecutivo bonaerense.
En este contexto, la provincia busca que el máximo tribunal intervenga para resolver el diferendo y determine la continuidad de los fondos.
El pedido de una medida cautelar
Durante la audiencia prevista, Kicillof intentará obtener una medida cautelar que obligue al Estado nacional a retomar los pagos mientras se discute la cuestión de fondo.
El eje del reclamo judicial se centra en la constitucionalidad del decreto que suspendió las transferencias, ya que la provincia sostiene que los fondos estaban contemplados por ley.
Desde la administración bonaerense argumentan que la interrupción afecta el financiamiento del sistema previsional y compromete recursos destinados a jubilaciones.
En ese sentido, el planteo ante la Corte busca garantizar el flujo de fondos hasta que haya una resolución definitiva.
La postura de ANSES y el avance del proceso
En instancias previas del proceso, la ANSES sostuvo que no contaba con información suficiente para determinar el monto de la deuda reclamada.
Ante esa situación, la Corte otorgó un plazo para que el organismo revise los datos y avance en la verificación de la información presentada.
Desde la provincia sostienen que la documentación fue entregada y que el corte de los pagos responde a una decisión del Gobierno nacional.
El conflicto se inscribe en una disputa más amplia entre la provincia de Buenos Aires y la Nación por la distribución de recursos, que también incluye otros recortes en distintas áreas.
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