Avanza un proyecto para flexibilizar la compra de tierras por extranjeros y crece el debate en el Senado

La iniciativa propone derogar las restricciones vigentes para la adquisición de tierras rurales por parte de personas físicas y jurídicas extranjeras. El proyecto genera posiciones encontradas por su impacto en la propiedad, las inversiones y la soberanía sobre el territorio.

Una propuesta para modificar la legislación vigente

Un proyecto de ley que comenzó a debatirse en el Senado plantea la eliminación de las limitaciones establecidas por la Ley de Tierras Rurales, normativa que regula la compra de campos por parte de ciudadanos y empresas extranjeras en Argentina.

La iniciativa busca derogar los artículos que fijan topes a la titularidad extranjera sobre tierras rurales y dejar sin efecto las restricciones que actualmente rigen para este tipo de operaciones.

Qué cambios propone el proyecto

De aprobarse, desaparecerían los límites porcentuales para la propiedad de tierras rurales por parte de extranjeros y también las restricciones sobre la extensión de las superficies que pueden adquirir.

Los impulsores sostienen que la medida favorecería la llegada de inversiones, dinamizaría el mercado inmobiliario rural y reduciría trabas administrativas para el desarrollo de proyectos productivos.

Preocupación por la soberanía y los recursos naturales

La propuesta despertó cuestionamientos de distintos sectores políticos, sociales y productivos, que advierten que la eliminación de los controles podría facilitar un mayor proceso de extranjerización de la tierra.

Entre las principales preocupaciones aparecen la protección de áreas estratégicas, el acceso a recursos naturales como el agua y la preservación de territorios considerados de interés para el desarrollo nacional.

El debate continúa en el Congreso

El proyecto deberá continuar su tratamiento legislativo antes de una eventual aprobación. En ese proceso se espera un amplio debate sobre el equilibrio entre la promoción de inversiones, el derecho a la propiedad privada y la protección de los recursos estratégicos del país.

La discusión promete convertirse en uno de los temas centrales de la agenda parlamentaria por las implicancias económicas, productivas y territoriales que tendría una eventual modificación del régimen vigente.